El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, defendió los operativos de fiscalización inmobiliaria realizados por el organismo en el municipio bonaerense de Pinamar, y sostuvo que el Estado debe intervenir activamente para corregir la evasión tributaria.
Es preciso mencionar que, las declaraciones de Girard surgieron luego de que un relevamiento oficial de ARBA detectara 200 viviendas y 25 edificios sin declarar en Pinamar, que representan unos 115 mil metros cuadrados construidos que no tributaban el impuesto correspondiente, en un escenario que, según planteó el titular de la Agencia, afecta de manera directa la equidad del sistema fiscal y el rol redistributivo de las políticas públicas.
En declaraciones radiales, Girard explicó que desde el organismo se intimó a los propietarios involucrados a regularizar su situación y a pagar las multas previstas por la normativa vigente, al tiempo que remarcó que “eso es lo que tiene que hacer el Estado”, y agregó que sería deseable que el Gobierno nacional también asuma un rol activo frente a estas prácticas, ya que “es la única manera que tenemos, como sociedad, de equilibrar un poco la balanza” en un contexto de fuerte desigualdad contributiva.
En tanto, el titular de ARBA aclaró que los operativos de control no implican una acusación generalizada, y subrayó que no se trata de señalar a una ciudad o a todos sus habitantes, aunque fue enfático al diferenciar entre quienes cumplen y quienes no lo hacen. “No quiere decir que todo el mundo en Pinamar sea evasor, pero los que lo son, lo son”, afirmó.
Al mismo tiempo, Girard puntualizó que cuando se trata de personas con alta capacidad económica y contributiva la evasión resulta “doblemente problemática”, ya que no sólo privan al fisco de recursos, sino que además proviene de sectores que cuentan con mayores posibilidades de cumplir con sus obligaciones.
En esa línea, Girard sostuvo que este tipo de maniobras impactan de lleno en la función distributiva del Estado y advirtió que existe una práctica recurrente dentro del desarrollo inmobiliario que consiste en no declarar las construcciones hasta que interviene el fisco. Según explicó, la tarea del organismo es exponer esa conducta de manera sistemática y actuar en consecuencia, ya que permitir que se naturalice implica resignar herramientas clave para la financiación de políticas públicas.
El funcionario también contextualizó los datos provinciales dentro de un fenómeno más amplio y detalló que, hasta el momento, ARBA detectó unos 20 millones de metros cuadrados construidos sin declarar, de los cuales 14 millones ya fueron incorporados a la base tributaria y comenzaron a pagar el impuesto correspondiente. Además, Girard precisó que se cobraron multas por el equivalente a 4.000 millones de pesos vinculadas a estos incumplimientos, y remarcó que se trata de un “trabajo permanente” del organismo, y no de acciones aisladas o estacionales.
Al referirse a las críticas que suelen surgir en redes sociales cada vez que se difunden los operativos de ARBA, Girard planteó que existe una resistencia a visibilizar determinados niveles de riqueza en una sociedad que atraviesa dificultades económicas. En ese marco, sostuvo que quienes más tienen muchas veces “no piden permiso” y naturalizan el incumplimiento, aunque al mismo tiempo demandan servicios públicos de calidad como rutas, semáforos, agua potable, cloacas, justicia y seguridad, y recordó que todos esos bienes colectivos se financian con impuestos.
En otro tramo de la conversación, el titular de ARBA explicó cómo funciona el régimen de declaración de inmuebles en la provincia de Buenos Aires, y precisó que los propietarios cuentan con un plazo de 30 días desde que una construcción se encuentra en condiciones de habitabilidad para declararla sin sanciones.
“A partir del día 31 se configura una infracción y la Agencia intima al contribuyente para que regularice la situación en un plazo adicional de 15 días. Desde ese momento se aplican multas que pueden llegar hasta los 14 millones de pesos para personas humanas, y podrían superar los 77 millones en el caso de personas jurídicas, además de la determinación de oficio del impuesto adeudado, cuya deuda no prescribe”, enfatizó el funcionario de Axel Kicillof.
En última instancia, Girard puso el foco en la discusión de fondo sobre el sistema tributario al señalar que la valuación fiscal de los inmuebles suele ser hasta 20 veces menor que su valor de mercado, una brecha que, a su entender, evidencia la necesidad de debatir los esquemas de financiamiento del Estado.
En ese sentido, el funcionario bonaerense sostuvo que mientras sectores medios pagan impuestos patrimoniales sobre valores reales, quienes concentran mayor cantidad de propiedades lo hacen sobre bases ficticias, una distorsión que consideró injusta y que, a su entender, sólo puede corregirse con decisiones políticas orientadas a darle mayor progresividad al sistema “que empiece por quienes más tienen”.