Cecilia Incardona sostuvo que el dueño de Sur Finanzas encabezó una estructura de sociedades para canalizar fondos de presunto origen ilícito. También solicitó embargos para los demás imputados y señaló riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
La situación judicial de Ariel Vallejo, el financista cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, tuvo un avance este jueves. La fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, solicitó que sea procesado con prisión preventiva en el marco de la causa por presunto lavado de dinero, asociación ilícita, evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social.
En su presentación ante el juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte, la fiscal describió un esquema de sociedades que, según su investigación, habría operado como una estructura común para transformar fondos de origen ilegal en bienes y activos con apariencia lícita.
Incardona sostuvo que el financista construyó entre 2020 y 2025 un entramado empresarial que funcionó como “una sola caja” y que habría recibido dinero proveniente de distintas maniobras, entre ellas operaciones cambiarias irregulares, intermediación financiera no autorizada, evasión impositiva y previsional y, a través de terceros, juego ilegal.
La estructura de sociedades bajo investigación
La fiscal señaló que el financista comenzó con la agencia de cambio Centro de Inversiones Concordia SRL, que tomó junto a su madre, Graciela Beatriz Vallejo, y Silvia Torrado. De acuerdo con la reconstrucción presentada ante la Justicia, los fondos generados por esa actividad habrían servido para crear Sur Finanzas Group SA y adquirir su casa central.
Según Incardona, cuando la agencia fue sancionada y solicitó la baja como operadora de cambio, Vallejo habría transferido sus activos a cuentas personales propias y de su madre. Desde allí, esos recursos habrían sido derivados a otras agencias del grupo, plazos fijos y compras de bienes.
La investigación también alcanza a otras personas del entorno del financista: su madre, Graciela Beatriz Vallejo; el contador del grupo, Gerardo Salvador Carrozza; las hermanas María Fernanda y Bárbara Denise Sena Argis, y su pareja, Maite Sofía Lorenzo.
Además, la fiscal incluyó en su presentación a seis sociedades: Sur Finanzas Group SA, Sur Finanzas PSP SA —antes Neblockchain SA—, Centro de Inversiones Concordia SRL, Cluster Palace Beach SA, Roma Inversiones SA y Gestiones San Miguel SA.
Para Incardona, las maniobras investigadas no habrían sido operaciones aisladas, sino una práctica sostenida mediante una asociación organizada para cometer hechos de esa naturaleza. También sostuvo que la evasión tributaria y la retención de aportes previsionales deben analizarse como delitos autónomos, ya que permitirían explicar el origen de parte del dinero que luego habría sido lavado.
Por qué la fiscalía pidió mantener detenido a Vallejo
Uno de los puntos centrales del planteo fue la existencia de riesgos procesales. Incardona advirtió sobre la posibilidad de que Vallejo se fugue o interfiera en la investigación y mencionó distintos elementos para justificar el pedido de prisión preventiva.
Entre ellos, señaló que a principios de diciembre del año pasado el financista le habría pedido a su secretaria, Nahiara Gamarra, que limpiara su computadora. Para la fiscal, ese episodio constituye un indicio de un posible intento de eliminar información relevante para la causa.
También hizo referencia al incumplimiento de las condiciones bajo las cuales Vallejo había recuperado la libertad y cuestionó la información que brindó sobre su domicilio, que calificó como falsa.
Otro de los argumentos estuvo relacionado con el dinero y los bienes cuyo paradero, según la presentación, no estaría debidamente esclarecido. Incardona mencionó que Vallejo declaró tener $1.009.990.000 en efectivo al cierre de 2023, además de un depósito de $100 millones en una mutual que no habría informado, moneda extranjera adquirida entre noviembre y diciembre de 2025 y el dinero obtenido por la venta de una Ferrari.
La fiscal también solicitó embargos y procesamientos para los demás involucrados en la investigación. Ahora deberá resolver el juez Rodríguez Ponte, quien tendrá que evaluar los argumentos de la acusación y definir la situación procesal de Vallejo y del resto de los imputados.