Una exhaustiva investigación judicial desnudó el aceitado funcionamiento de una organización delictiva que, montando sus bases operativas dentro de las cárceles de Lomas de Zamora y Florencio Varela, se dedicaba a realizar feroces extorsiones económicas. Los delincuentes se hacían pasar por administradores de sitios de acompañantes (escorts) para exigir sumas millonarias a hombres de alto poder adquisitivo, a quienes previamente perfilaban mediante la compra de bases de datos personales robadas.
Tras la concreción de 37 allanamientos simultáneos en penales y búnkeres del Conurbano, las fuerzas de seguridad detuvieron a 31 sospechosos, sacando a la luz una red de complicidad interna que involucra a una oficial de la Policía Bonaerense y a dos empleados activos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Si bien las primeras pesquisas detectaron llamadas provenientes de la Unidad N°43 de González Catán, el avance del expediente bajo la instrucción del fiscal Juan Marcelo Diomede (titular de la UFI N°5 de La Matanza) determinó que los cerebros de la organización operaban de forma coordinada desde los pabellones de las unidades N°40 y N°58 de Lomas de Zamora, y la Unidad N°24 de Florencio Varela.
Desde las celdas de estos complejos carcelarios del Conurbano sur, los internos creaban perfiles falsos en plataformas de encuentros como “Gemidos TV”. A través de la aplicación Telegram, la banda compraba bases de datos confidenciales filtradas para obtener números telefónicos, domicilios y composiciones familiares de los clientes que ingresaban a los sitios web. Con esa información en mano, ejecutaban la modalidad de estafa e ingeniería social conocida como vishing: llamaban a las víctimas haciéndose pasar por peligrosos regentes de la página y les exigían el pago de “multas” bajo la amenaza de difundir las búsquedas a sus esposas o atacar sus viviendas.
El audio de la amenaza: “Me volvés a cortar el comunicado y te hago pasar el peor día de tu vida. ¿Qué te pensás, que hace dos días que cuido concha, teta y culo yo, negro? Hace diez años que cuido concha, teta y culo”, se escucha decir con extrema violencia a uno de los reclusos en las escuchas judiciales que obran en la causa.
A raíz de este nivel de hostigamiento, una de las víctimas identificada en la causa como C.L. llegó a entregar 10.000 dólares en efectivo en puntos de encuentro de la zona oeste y realizó transferencias bancarias por otros 3.000.000 de pesos antes de animarse a radicar la denuncia penal el pasado 7 de abril.
Los peritajes informáticos practicados sobre las denominadas “cuentas mula” (utilizadas para diversificar el dinero y borrar el rastro de la ruta delictiva) expusieron que la banda movía flujos de dinero que oscilaban entre los 13 y los 30 millones de pesos. Una porción sustancial de esos fondos frescos era redirigida a familiares de los presos y a personal jerárquico del SPB, quienes presuntamente cobraban importantes dividendos para facilitar el ingreso clandestino de teléfonos celulares inteligentes y routers de conectividad Wi-Fi a las celdas de Lomas y Varela.
El megaoperativo de captura, desarrollado por el Departamento Casos Especiales de la Policía Bonaerense y el cuerpo de Infantería, derivó en el arresto de los civiles Leandro Gabriel Prado y Lucas Alejandro González, entre otros. Sin embargo, el mayor impacto institucional se dio con la detención de la oficial Maia Camila Geraldine Aranda (21), perteneciente a la Fuerza Barrial de Aproximación, y de los agentes del Servicio Penitenciario Víctor Damián Maidana (37) y Agustina Julieta Prisila Aranda (23), sindicados como los facilitadores logísticos del búnker carcelario. Entre los aprehendidos también se detectó a un menor de 17 años.
Durante las irrupciones en los domicilios se procedió al secuestro de un arsenal que incluye una pistola Bersa Thunder 9 milímetros, una pistola reglamentaria Bersa TPR9, una pistola calibre 9 milímetros con la numeración limada, chalecos antibalas, tarjetas SIM de diversas compañías operadoras y computadoras equipadas con antenas de alta ganancia. De forma paralela a las actuaciones penales, la Auditoría General de Asuntos Internos dispuso la inmediata desafectación y el pase a disponibilidad de la mujer policía involucrada en la red extorsiva.