La madre de la víctima denunció que el agresor, alumno repetidor de 20 años, practica boxeo y atacó ferozmente al menor de edad a la salida del establecimiento. Autoridades escolares habrían admitido que el atacante ya cuenta con antecedentes violentos y la familia exige la inmediata intervención de la justicia ante la falta de respuestas. “Van a esperar que mate a alguien para reaccionar”, sentenció la mujer en un desesperado pedido de difusión.
La violencia escolar y la desprotección institucional volvieron a conmover a la localidad de Quilmes tras conocerse una feroz agresión ocurrida el pasado 18 de mayo a la salida del Colegio Enrique General Mosconi. Daniela Chazarreta, madre de L., un menor de 16 años, rompió el silencio para visibilizar el dramático momento que atraviesa su hijo, quien terminó desfigurado tras recibir una golpiza por parte de un alumno de la misma institución, identificado como Diego Jiménez, de 20 años de edad.
Según consta en la denuncia policial y en el desgarrador testimonio de la madre, el detonante del ataque habría sido simplemente que el menor se sentó a conversar con una compañera, quien presuntamente mantiene una relación con el agresor. A la salida del turno tarde, Jiménez —quien practica boxeo— interceptó a L. y, sin mediar palabra, le propinó reiterados golpes de puño en el rostro, provocándole graves lesiones en el ojo derecho y la boca. Testigos del hecho aseguraron que el atacante llegó a golpear la cabeza del menor contra el suelo, mientras que otros jóvenes impedían que los presentes intervinieran para frenar la golpiza.
La indignación de la familia creció de manera exponencial tras mantener una reunión con los directivos del colegio. De acuerdo con las declaraciones de Chazarreta, la propia directora del establecimiento reconoció que el agresor es un joven “que le pega a todos” y que las citaciones a sus tutores nunca surtieron efecto. A pesar de la gravedad de la situación y de que el atacante es mayor de edad con conocimiento en artes de combate —lo que incrementa notablemente su ventaja y la peligrosidad de sus actos—, las autoridades escolares se limitaron a informar que el caso fue elevado a la inspección de escuelas, sin tomar medidas de resguardo efectivas para la víctima.
Actualmente, el panorama para la familia afectada es desalentador y denota una profunda desprotección judicial. Mientras el presunto agresor continúa en libertad, el menor se encuentra imposibilitado de asistir a clases debido a las secuelas físicas y psicológicas del ataque. Tras presentarse en la Fiscalía, la madre fue informada de que se solicitaría una restricción de acercamiento, pero no recibió documentación que lo avale y fue instada a regresar en un plazo de 15 días junto con testigos, obligándola a ella a cambiar a su hijo de institución educativa para garantizar su seguridad. “No voy a parar hasta que este pibe esté preso y pelee donde tiene que pelear, en el ring, no en las calles con menores”, concluyó la madre en un desesperado llamado a la justicia.