La medida, impulsada por la jefatura de Gabinete de Guillermo Francos, busca optimizar el uso de espacios públicos. Se espera que en los próximos meses se anulen otros 106 contratos de alquiler.

El Gobierno nacional, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) dependiente de la Jefatura de Gabinete, implementó una significativa reducción en los contratos de alquiler de oficinas utilizadas por distintos ministerios en todo el país. Esta medida se enmarca en una política de optimización y eficiencia en la gestión de recursos públicos.

La cartera liderada por Guillermo Francos anunció que se dieron de baja 71 contratos de alquiler en todo el territorio nacional, logrando un ahorro mensual de $191.518.251 y un ahorro anual de $2.298.218.220, lo que contribuye de manera notable a la reducción del gasto público.

Mediante un exhaustivo relevamiento y la implementación de nuevos controles en el procedimiento de alquileres, el Gobierno nacional llevó adelante una racionalización del uso de las oficinas existentes, garantizando una mejor utilización de los espacios disponibles y optimizando los recursos del Estado.

De este modo, se cancelaron 23 contratos en la provincia de Buenos Aires y siete en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), además de sucesivos alquileres en Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

En dichas oficinas funcionaban más de 3500 puestos de trabajo de diversas entidades, como la Secretaría de Turismo y Deporte, la Superintendencia de Servicios de Salud, la Secretaría de Industria y Desarrollo, ANSES, AFIP, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), INADI, ENARGAS, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), Migraciones, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Policía Federal Argentina y ENACOM, entre otras. En la mayoría de los casos, los trabajadores fueron relocalizados en oficinas y edificios de propiedad del Estado Nacional.

El Gobierno nacional planea continuar con esta política de optimización, previendo la baja de 106 contratos de alquiler adicionales en el futuro cercano, siguiendo los lineamientos del director Nicolás Pakgojz.

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