Madres y padres de la comunidad educativa iniciaron una fuerte campaña de visibilización para exigir una auditoría urgente sobre los fondos de la cooperadora, donaciones y subsidios municipales. Apuntan al manejo de la conducción del establecimiento y denuncian presunta complicidad del Consejo Escolar.
El centro de Avellaneda amaneció este miércoles con una contundente pegatina de volantes que encendió las alarmas de la comunidad educativa local. Las pancartas y panfletos, desplegados por un numeroso grupo de familias de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º 7 «José Hernández», reclaman la inmediata intervención del Consejo Escolar de Avellaneda, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense y el Municipio frente a lo que califican como un manejo opaco e irregular de los recursos económicos de la institución.
Las denuncias vertidas por los tutores tocan puntos sensibles del estado del edificio escolar y la falta de insumos básicos para el alumnado. Según señalaron las familias, la escuela recibió tiempo atrás la donación de más de 50 estufas para acondicionar las aulas antes de las bajas temperaturas; sin embargo, solo se instalaron unas pocas en un puñado de salones, priorizando además la Dirección y la Secretaría. “El resto de los chicos sigue pasando frío, mientras los aparatos quedaron guardados o sin colocar”, indicaron con indignación.
Una situación similar ocurre con las donaciones de pintura y fondos para el mantenimiento edilicio. A pesar de los importantes aportes recibidos por parte de las familias y de los subsidios oficiales, los padres aseguran que las instalaciones muestran un nivel de deterioro alarmante. “Se donaron litros y litros de pintura y el patio parece más la cárcel San Onofre de la serie El Marginal que un establecimiento educativo”, graficó con dureza uno de los padres presentes en la movilización, reflejando el malestar generalizado por el estado del predio donde estudian sus hijos.
El foco de los reclamos no solo apunta a la dirección de la EEST N.º 7, sino también a la inacción de los organismos de control. “Es evidente la complicidad del Consejo Escolar: o están completamente desinformados o están en el curro. Les avisamos en infinitas oportunidades sobre lo que estaba pasando y todo siguió exactamente igual”, sostuvo con contundencia un tutor en diálogo con este medio. En la misma línea, otro padre remarcó la necesidad de ir a fondo: “Queremos que se destapen las ollas de una vez por todas. Pedimos la reserva de nuestros nombres por temor a represalias directas contra nuestros hijos o contra trabajadores que conocen la situación pero temen perder su empleo”.
A través de un petitorio formal que enviaron a las autoridades competentes, la comunidad de la Técnica 7 exige siete puntos clave: la rendición de cuentas completa y documentada de los fondos de la cooperadora y subsidios; el acceso libre a balances y comprobantes; la ejecución de una auditoría e investigación administrativa independiente; y la pronta respuesta por escrito asignando número de expediente al reclamo. “No vamos a permitir que la educación de nuestros hijos quede atrapada en la falta de información o en posibles manejos indebidos de recursos”, concluye el documento.