El juez Kreplak inici\u00f3 una investigaci\u00f3n y acept\u00f3 a Lourdes Arrieta, diputada nacional por Mendoza, como querellante.<\/p>\n\n\n\n
La Justicia ha iniciado una investigaci\u00f3n sobre la pol\u00e9mica visita de seis diputados libertarios a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad en la c\u00e1rcel de Ezeiza. El juez federal Ernesto Kreplak, quien actualmente subroga el Juzgado Federal N\u00b02 de Lomas de Zamora, tom\u00f3 esta medida despu\u00e9s de una denuncia presentada por la diputada Lourdes Arrieta, de La Libertad Avanza de Mendoza. La legisladora aleg\u00f3 haber recibido amenazas y solicit\u00f3 que se indaguen todos los detalles que llevaron a la reuni\u00f3n de los legisladores de Javier Milei con Alfredo Astiz y otros represores.Arrieta present\u00f3 su denuncia el mi\u00e9rcoles, solicitando que se investiguen posibles delitos como coacci\u00f3n agravada, abuso de autoridad, violaci\u00f3n de deberes de funcionario p\u00fablico, conspiraci\u00f3n y malversaci\u00f3n de fondos p\u00fablicos.En su declaraci\u00f3n, representada por el abogado Yamil Castro Bianchi, Arrieta afirm\u00f3 que fue enga\u00f1ada para asistir a la Unidad 31 del penal de Ezeiza. Seg\u00fan ella, lo que crey\u00f3 que era una actividad institucional avalada por las autoridades de la C\u00e1mara Baja, result\u00f3 ser una visita a militares condenados, cuyo objetivo era trabajar en un proyecto para liberarlos de la c\u00e1rcel y otorgarles prisi\u00f3n domiciliaria.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, en su denuncia, apunt\u00f3 contra varios funcionarios, diputados de su propio bloque, un sacerdote, abogados conservadores, e incluso mencion\u00f3 a Sharif Menem, sobrino del presidente de la C\u00e1mara de Diputados, Mart\u00edn Menem, quien act\u00faa como asesor y mano derecha en el Congreso.<\/p>\n\n\n\n
La diputada fue citada por la Justicia para ratificar su denuncia, lo que hizo, y fue aceptada como querellante en el expediente abierto. Tambi\u00e9n se le asign\u00f3 custodia oficial a ella y a sus padres, quienes residen en Mendoza, despu\u00e9s de que Arrieta manifestara haber recibido amenazas y presiones para mantener silencio.Desde la difusi\u00f3n de su visita a los represores, en la que fue fotografiada posando con los condenados por delitos de lesa humanidad, Arrieta afirma que su vida se ha convertido en un calvario.\u201cSe alter\u00f3 mi rutina, y de ah\u00ed vino una debacle gen\u00e9rica contra mi persona, la que incluy\u00f3, por ejemplo, que personas en las redes sociales me agredieran, sujetos desconocidos en la calle me tomaran fotos y toda una cadena de hostigamiento que lo \u00fanico que hizo fue que toda mi familia tema por su seguridad y la m\u00eda\u201d, expres\u00f3 en su denuncia.\u201cHoy en d\u00eda me encuentro desprotegida y se encuentra desprotegida mi familia. M\u00e1s all\u00e1 de que solicito que se investiguen estos hechos y a este grupos de personas vinculadas en los grupos [de WhatsApp, cuyos chats aport\u00f3 a la causa], vengo a solicitar protecciones para mi familia y mi persona\u201d, pidi\u00f3. La Justicia accedi\u00f3 a ese pedido.Arrieta recurri\u00f3 a la Justicia tras recibir varios mensajes amenazantes por WhatsApp, despu\u00e9s de su decisi\u00f3n de revelar lo sucedido antes y despu\u00e9s de la visita a represores el pasado 11 de julio. <\/p>\n\n\n\n
Esta visita fue liderada por Beltr\u00e1n Benedit, Mar\u00eda Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, la propia Arrieta, y Roc\u00edo Bonacci, quien fue la \u00fanica diputada que, al llegar al lugar, se neg\u00f3 a participar en la reuni\u00f3n y a tomarse fotos con los militares.\u201cLa actividad originalmente no era reunirse con genocidas, nos enteramos minutos antes de llegar, entonces no participe de la charla ni de nada\u201d, declar\u00f3 Bonacci.La denuncia de Arrieta destap\u00f3 una trama de reuniones, amenazas y presiones para silenciar el asunto, lo que se ha convertido en un esc\u00e1ndalo que ahora domina la agenda del Congreso. Arrieta present\u00f3 capturas de pantalla de diferentes grupos de WhatsApp en los que diputados, junto con el padre Javier Ravasi y abogados que militan por la liberaci\u00f3n de militares condenados por delitos de lesa humanidad, organizan la visita al penal y preparan un decreto y un proyecto de ley para otorgar prisi\u00f3n domiciliaria a los genocidas.<\/p>\n\n\n\n
Ravasi, un sacerdote que fue parte de la conservadora congregaci\u00f3n del Verbo Encarnado y luego fund\u00f3 la Fundaci\u00f3n San El\u00edas, es un conocido cr\u00edtico de las pol\u00edticas de g\u00e9nero y diversidad. Tambi\u00e9n es un influyente en redes sociales de derecha y el hijo del represor Jorge Antonio Olivera, condenado por cr\u00edmenes de lesa humanidad cometidos en San Juan durante la \u00faltima dictadura.Entre los abogados mencionados en la denuncia est\u00e1n: Ricardo Saint Jean, hijo de Ib\u00e9rico Saint Jean, exgobernador de la dictadura y presidente de la Asociaci\u00f3n de Abogados por la Justicia y la Concordia; Mar\u00eda Laura Olea, hija de Enrique Braulio Olea, ex jefe del Batall\u00f3n de Ingenieros en Neuqu\u00e9n, donde funcion\u00f3 el centro clandestino de detenci\u00f3n \u201cLa Escuelita\u201d, condenado a perpetua; y Eduardo Riggi, ex juez acusado de dilatar causas por cr\u00edmenes de lesa humanidad.En uno de los mensajes presentados por Arrieta, se afirma que la visita a los represores contaba con el visto bueno de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, espec\u00edficamente a Beltr\u00e1n Benedit. Sin embargo, esta afirmaci\u00f3n fue categ\u00f3ricamente desmentida por Bullrich, quien, seg\u00fan voceros oficiales del Ministerio de Seguridad, se enter\u00f3 de la visita a trav\u00e9s de los medios y nunca mantuvo una conversaci\u00f3n con ese diputado.<\/p>\n\n\n\n
Otro de los puntos bajo investigaci\u00f3n judicial comprende la falta de controles durante la entrada de los legisladores al penal. Seg\u00fan fuentes judiciales, es probable que se soliciten informes al Servicio Penitenciario y al penal en particular sobre la visita de los libertarios. Tambi\u00e9n podr\u00eda considerarse requisar las celdas de los presos en busca de pruebas relevantes para la causa.Arrieta, quien aclar\u00f3 que todos en el bloque de Javier Milei estaban al tanto de la visita, solicit\u00f3 adem\u00e1s que se investigue la responsabilidad de las autoridades de la C\u00e1mara de Diputados en la organizaci\u00f3n del viaje. Seg\u00fan Arrieta, le hab\u00edan informado que era una \u201cvisita humanitaria\u201d aprobada por Mart\u00edn Menem.El uso de una combi de la C\u00e1mara Baja sugiere que las autoridades estaban al tanto y dieron su aprobaci\u00f3n para el recorrido, notificado a la Direcci\u00f3n de Coordinaci\u00f3n Administrativa (DGCA) por el propio Beltr\u00e1n Benedit, seg\u00fan inform\u00f3 el newsletter parlamentario Hecha la Ley. Por ello, no se descarta que se pueda requerir una aclaraci\u00f3n oficial al Congreso sobre este punto.En relaci\u00f3n con las amenazas, Arrieta present\u00f3 a la Justicia casi 150 p\u00e1ginas de chats de grupos y conversaciones de WhatsApp que, seg\u00fan ella, contienen pruebas de las presiones y agresiones que sufri\u00f3 tras la visita. <\/p>\n\n\n\n
Paralelamente a su denuncia judicial, Arrieta se distanci\u00f3 de su bloque, donde algunos, como Lilia Lemoine, la acusan de ser funcional al kirchnerismo. Adem\u00e1s, solicit\u00f3 la creaci\u00f3n de una comisi\u00f3n investigadora en el Congreso para determinar las responsabilidades oficiales de la visita a Astiz y otros represores condenados por secuestrar, violar, torturar y desaparecer a personas durante la \u00faltima dictadura militar. Su proyecto de resoluci\u00f3n busca esclarecer y delimitar el grado de participaci\u00f3n de cada funcionario involucrado en la visita, as\u00ed como la de otros poderes o particulares que pudieran estar vinculados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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