La compa\u00f1\u00eda revel\u00f3 ante la Justicia una serie de pagos indebidos entre 2014 y 2018. Tambi\u00e9n se investigan casos de 2012.<\/p>\n\n\n\n
La\u00a0empresa de seguridad privada Securitas\u00a0admiti\u00f3 ante la Justicia haber pagado\u00a0coimas millonarias a funcionarios\u00a0entre 2014 y 2018\u00a0para obtener contratos de servicios de vigilancia en distintos organismos p\u00fablicos nacionales, empresas estatales y dependencias gubernamentales en la Provincia de Buenos Aires, Entre R\u00edos, Tucum\u00e1n y la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires.<\/p>\n\n\n\n
Esta confesi\u00f3n qued\u00f3 registrada en un expediente a cargo de la jueza federal\u00a0Sandra Arroyo Salgado\u00a0y ha resultado en la detenci\u00f3n de nueve personas y m\u00e1s de 50 allanamientos en todo el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
La\u00a0investigaci\u00f3n\u00a0se inici\u00f3 en 2020 cuando la empresa decidi\u00f3 denunciar a sus antiguos directivos porque, seg\u00fan argumentaron en la presentaci\u00f3n judicial,\u00a0\u201cabusaron y utilizaron la estructura corporativa, as\u00ed como su posici\u00f3n en el mercado y el renombre del grupo, con el \u00fanico fin de obtener un beneficio para ellos y, de forma indirecta, para las empresas que representaban\u201d, seg\u00fan inform\u00f3 el diario\u00a0LA NACION<\/em>.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan las fuentes judiciales citadas por el mismo medio, los pagos indebidos que admiti\u00f3 Securitas abarcaron desde 2014 hasta 2018, es decir, durante los gobiernos de\u00a0Cristina Kirchner\u00a0y Mauricio Macri, aunque tambi\u00e9n se est\u00e1n investigando episodios desde 2012.<\/p>\n\n\n\n La lista de organismos donde la empresa reconoci\u00f3 el pago de coimas incluye al\u00a0Registro Nacional de las Personas (Renaper), la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), el SENASA, Prefectura Naval y la Polic\u00eda de Seguridad Aeroportuaria, as\u00ed como tambi\u00e9n la empresa estatal de aguas\u00a0AYSA.<\/p>\n\n\n\n Entre los casos de\u00a0coimas\u00a0denunciados se mencionan dependencias provinciales, como la empresa de energ\u00eda ENERSA en Entre R\u00edos, la Polic\u00eda de la Provincia de Tucum\u00e1n, y la Direcci\u00f3n Provincial para la Gesti\u00f3n de la Seguridad Privada de Buenos Aires, as\u00ed como la Polic\u00eda Bonaerense, en ambos casos durante la gobernaci\u00f3n de Mar\u00eda Eugenia Vidal.<\/p>\n\n\n\n En gran parte, los pagos ilegales apuntan a dos objetivos principales. Por un lado, intentar renovar, mantener o acceder a contratos p\u00fablicos; en segundo lugar, agilizar tr\u00e1mites, como en el caso de habilitaciones mencionadas en los \u201cRegistros de Guardias de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia\u201d, el Registro de la Propiedad Automotor de la Provincia de Buenos Aires o el Registro Provincial de Armas.<\/p>\n\n\n\n En el detalle de los casos, tambi\u00e9n se mencionan pagos irregulares en los v\u00ednculos con empresas intermedias de servicios p\u00fablicos como Aeropuertos Argentina 2000, la Terminal de Cargas Argentina e incluso la petrolera venezolana PDVSA.<\/p>\n\n\n\n Por otro lado, Securitas denunci\u00f3 el pago de coimas a la UOCRA, el sindicato de la construcci\u00f3n, para obtener contratos de vigilancia en obras de la petrolera estatal YPF, el\u00a0Conicet\u00a0y el Centro Cultural Kirchner (CCK).<\/p>\n\n\n\n En el momento de la denuncia,\u00a0Securitas Argentina SA\u00a0era una filial de la compa\u00f1\u00eda Securitas AB, que ofrece servicios de seguridad, monitoreo, consultor\u00eda e investigaci\u00f3n con sede principal en Estocolmo, Suecia.<\/p>\n\n\n\n Actualmente, la filial local ha sido adquirida por una empresa de capitales argentinos y un grupo latinoamericano especializado en mercados emergentes. Fuentes familiarizadas con la investigaci\u00f3n afirmaron que la nueva gesti\u00f3n no tiene relaci\u00f3n con los \u201cpagos indebidos\u201d.<\/p>\n\n\n\n Las conclusiones presentadas por los representantes de la empresa ante la Justicia fueron el resultado de una investigaci\u00f3n interna iniciada por Securitas AB tras una denuncia de una ex empleada dentro del llamado \u201cprograma de integridad\u201d de la firma.<\/p>\n\n\n\n \u201cLa compa\u00f1\u00eda identific\u00f3 distintos hechos que podr\u00edan configurar delitos como defraudaci\u00f3n contra la administraci\u00f3n p\u00fablica, cohecho, d\u00e1divas y administraci\u00f3n infiel o fraudulenta.\u00a0Los sucesos denunciados habr\u00edan tenido ocurrencia en la Rep\u00fablica Argentina, con intervenci\u00f3n de funcionarios p\u00fablicos de distintos estratos, al menos entre los a\u00f1os 2016 y 2018, aunque no descartaron que aquellos hubieran acontecido incluso antes de dicho lapso\u201d, seg\u00fan explicaron fuentes judiciales a\u00a0LA NACION<\/em>.<\/p>\n\n\n\n El fiscal Dom\u00ednguez y su equipo de trabajo reciben colaboraci\u00f3n en la investigaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda de Investigaciones Administrativas (PIA), dirigida por el fiscal Sergio Rodr\u00edguez, y la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco.<\/p>\n\n\n\n Los detenidos, identificados por fuentes judiciales como\u00a0Jorge Christian Faria, Luis Vecchi, Alejandro Castex, Gabriel Di Cesare, Marcelo Tortul, Claudio Tortul, Alberto Alesci, Julio Terrado y Carlos Rinaudo, ocupaban cargos gerenciales en Securitas Argentina SA.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan fuentes cercanas al expediente, aunque el caso sali\u00f3 a la luz recientemente tras los allanamientos y las detenciones, la empresa y el Ministerio P\u00fablico Fiscal firmaron un \u201cacuerdo de colaboraci\u00f3n eficaz\u201d hace casi dos a\u00f1os, el 30 de mayo de 2022.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La compa\u00f1\u00eda revel\u00f3 ante la Justicia una serie de pagos indebidos entre 2014 y 2018. 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