La Casa Rosada negocia modificar la Ley de Financiamiento Universitario y ofrece mantener un esquema reducido de contribuciones patronales. El objetivo es acercar posiciones con las universidades y contener el conflicto judicial.<\/p>\n\n\n\n
El Gobierno busca avanzar en un acuerdo con las universidades nacionales para modificar la Ley de Financiamiento Universitario<\/strong> y, al mismo tiempo, reducir el impacto de las contribuciones patronales sobre las instituciones educativas. La propuesta oficial contempla combinar un alivio en las obligaciones previsionales con un incremento de las partidas previstas para las casas de estudio en el Presupuesto 2027.<\/strong><\/p>\n\n\n\n La discusi\u00f3n se desarrolla mientras las universidades vuelven a movilizarse en reclamo de mayores recursos y contin\u00faa abierto el conflicto judicial por la aplicaci\u00f3n de la normativa vigente.<\/p>\n\n\n\n En la Casa Rosada reconocen que el tratamiento de las contribuciones patronales forma parte de las alternativas que est\u00e1n dispuestos a negociar. Sin embargo, todav\u00eda no est\u00e1 definida la al\u00edcuota que podr\u00eda aplicarse ni existe un acuerdo cerrado con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).<\/p>\n\n\n\n Las conversaciones con las universidades se desarrollan por ahora de manera informal y el Ejecutivo pretende utilizar esta herramienta para reducir la diferencia entre los recursos que reclaman las instituciones y los fondos que el Gobierno est\u00e1 dispuesto a incorporar al Presupuesto 2027.<\/a><\/p>\n\n\n\n La discusi\u00f3n sobre los aportes patronales tiene como antecedente un r\u00e9gimen establecido en 2010 para determinadas universidades nacionales que arrastraban deudas previsionales.<\/p>\n\n\n\n El Decreto 1571\/2010 fij\u00f3 para las instituciones alcanzadas una al\u00edcuota reducida del 10,17% sobre la masa salarial. Ese porcentaje est\u00e1 compuesto por un 8,67% destinado al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y un 1,5% correspondiente al PAMI.<\/p>\n\n\n\n El beneficio fue otorgado a universidades que al 31 de diciembre de 2009 cumpl\u00edan con determinados requisitos vinculados con deudas previsionales y que ingresaron a los correspondientes planes de regularizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Posteriormente, el r\u00e9gimen fue modificado por el Decreto 645\/2023. La normativa estableci\u00f3 una transici\u00f3n progresiva para las universidades que terminan de cancelar sus obligaciones, en lugar de disponer un salto inmediato hacia la al\u00edcuota general.<\/p>\n\n\n\n De acuerdo con ese esquema, las instituciones que cancelaron sus deudas deben afrontar una al\u00edcuota de SIPA y PAMI del 13,65% durante 2026. El porcentaje asciende al 14,52% en 2027, al 15,39% en 2028, al 16,26% en 2029 y al 17,13% en 2030. Desde 2031 comenzar\u00edan a aplicarse las al\u00edcuotas generales correspondientes al sector p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n La Universidad de Buenos Aires (UBA)<\/strong> es una de las instituciones que siguen de cerca la evoluci\u00f3n de este esquema debido al impacto que tendr\u00eda el aumento de las contribuciones sobre su masa salarial.<\/p>\n\n\n\n Desde la universidad remarcan que el incremento previsto no implica pasar directamente de la tasa reducida a una carga del 24%, sino ingresar en la escala progresiva establecida por el Decreto 645\/2023.<\/p>\n\n\n\n El tema resulta especialmente relevante para las cuentas de la UBA porque cerca del 90% de sus recursos se destina al pago de salarios y alrededor del 10% corresponde a gastos de funcionamiento. Por ese motivo, un aumento de las obligaciones patronales tendr\u00eda un efecto directo sobre el presupuesto disponible.<\/p>\n\n\n\nLa situaci\u00f3n de la UBA y el impacto sobre sus cuentas<\/h3>\n\n\n\n