![\"\"](\"https:\/\/enlamira.info\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/9b989c3a-93ba-4db6-a269-6df206a751cb.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\nPara Sanfelippo, esa diferencia es fundamental. \u201cDefender la propiedad privada no significa darle al propietario derecho a hacer cualquier cosa. Nadie puede desalojar por mano propia. Tiene que intervenir la Justicia, tiene que existir derecho de defensa y tienen que respetarse las garant\u00edas. Lo que necesitamos es que, cuando el derecho a recuperar el inmueble est\u00e1 acreditado, la respuesta llegue en un plazo razonable.\u201d El corredor inmobiliario considera que la duraci\u00f3n de determinados procesos termina convirti\u00e9ndose, en la pr\u00e1ctica, en una parte sustancial del problema. \u201cNo podemos naturalizar que debido proceso sea sin\u00f3nimo de procesos interminables. Una Justicia que tarda a\u00f1os en resolver un conflicto tambi\u00e9n genera consecuencias econ\u00f3micas y sociales\u201d, afirm\u00f3. \u201cHay que terminar con la idea de que todo propietario es rico\u201d Para Sanfelippo, uno de los aspectos que suele quedar relegado en el debate p\u00fablico es la diversidad de situaciones que existen detr\u00e1s de quienes ofrecen una vivienda en alquiler. No todos los propietarios, sostiene, son grandes inversores ni cuentan con m\u00faltiples inmuebles. En el mercado conviven inversores con peque\u00f1os ahorristas, jubilados, familias que heredaron una propiedad y personas que durante a\u00f1os destinaron sus ahorros a comprar una segunda vivienda para complementar sus ingresos.<\/p>\n\n\n\n
\u201cHay que terminar con la idea de que todo propietario es rico. Hay jubilados y familias que necesitan el alquiler para llegar a fin de mes. Para ellos, dejar de cobrar durante meses no significa simplemente perder rentabilidad: significa perder una parte de sus ingresos.\u201d Seg\u00fan el profesional, esa realidad deber\u00eda ser considerada al analizar las consecuencias de un proceso judicial prolongado. Un propietario que deja de percibir el alquiler puede continuar teniendo que afrontar expensas, impuestos, mantenimiento y otros costos relacionados con el inmueble. Si el conflicto llega a la Justicia, a esas obligaciones pueden sumarse honorarios y gastos derivados del proceso. Mientras tanto, tampoco puede disponer libremente de la propiedad, volver a alquilarla o venderla desocupada. \u201cHay propietarios para quienes ese alquiler forma parte de su econom\u00eda mensual. No estamos hablando necesariamente de alguien que tiene diez departamentos. Puede ser una persona que trabaj\u00f3 y ahorr\u00f3 durante d\u00e9cadas y que hoy utiliza esa renta para complementar una jubilaci\u00f3n o sus ingresos\u201d, explic\u00f3 Sanfelippo. El costo no siempre termina con la deuda de alquiler Desde la experiencia cotidiana del mercado inmobiliario, Sanfelippo sostiene que el impacto econ\u00f3mico de algunos conflictos puede exceder ampliamente los alquileres que quedaron pendientes. Existen casos en los que, despu\u00e9s de un proceso prolongado, el inmueble es restituido con falta de mantenimiento, servicios o expensas pendientes o con da\u00f1os que obligan al propietario a realizar una inversi\u00f3n antes de poder volver a utilizarlo o ponerlo en alquiler. El corredor evita trasladar esa descripci\u00f3n al conjunto de los inquilinos y diferencia expresamente esos casos de quienes cumplen normalmente con sus contratos. \u201cEl propietario puede pasar meses sin cobrar, seguir afrontando gastos y, cuando finalmente recupera el inmueble, encontrarse con que todav\u00eda tiene que invertir para volver a ponerlo en condiciones. El perjuicio puede ser much\u00edsimo mayor que el alquiler impago.\u201d Para el entrevistado, ese escenario permite comprender por qu\u00e9 los tiempos judiciales tienen un impacto concreto m\u00e1s all\u00e1 de los tribunales. \u201cNo se puede generalizar ni decir que todos los casos terminan igual, porque no es as\u00ed. Hay excelentes inquilinos y relaciones locativas que funcionan perfectamente durante a\u00f1os. Pero tambi\u00e9n existen conflictos graves, y el sistema tiene que tener herramientas para resolverlos\u201d, se\u00f1al\u00f3. El buen inquilino tambi\u00e9n necesita seguridad jur\u00eddica Sanfelippo insiste en que una mayor protecci\u00f3n de la propiedad privada no deber\u00eda construirse a costa de los derechos de quien alquila. Por el contrario, considera que la seguridad jur\u00eddica deber\u00eda beneficiar especialmente a quienes cumplen. \u201cEl buen inquilino tambi\u00e9n necesita seguridad jur\u00eddica. Tiene derecho a que el propietario respete el contrato, cumpla las obligaciones que le corresponden y reciba el inmueble cuando se lo est\u00e1n restituyendo correctamente. Las reglas tienen que funcionar para los dos lados.\u201d En ese punto, el profesional tambi\u00e9n cuestion\u00f3 cualquier conducta mediante la cual un propietario pudiera intentar generar artificialmente una deuda, por ejemplo neg\u00e1ndose injustificadamente a recibir un inmueble que est\u00e1 siendo correctamente restituido. \u201cSi el inquilino quiere devolver la propiedad como corresponde, el propietario tampoco puede utilizar mecanismos para prolongar artificialmente el contrato o generar una deuda que no deber\u00eda existir. Cumplir las reglas no puede exigirse solamente a una de las partes\u201d, sostuvo. El planteo busca separar dos discusiones que muchas veces aparecen mezcladas: la protecci\u00f3n de los derechos del inquilino y la existencia de mecanismos efectivos frente a incumplimientos contractuales. \u201cCuando un contrato funciona, propietario e inquilino no son enemigos. Existe una relaci\u00f3n jur\u00eddica en la que ambos tienen derechos y obligaciones. El problema aparece cuando una de las partes incumple y quien s\u00ed cumpli\u00f3 necesita a\u00f1os para conseguir una respuesta\u201d, afirm\u00f3.<\/p>\n\n\n\n La restituci\u00f3n anticipada y las nuevas notificaciones Entre los cambios que contempla el proyecto se encuentra la posibilidad de que, bajo determinados requisitos, el juez pueda disponer la restituci\u00f3n anticipada del inmueble antes de la sentencia definitiva. La iniciativa tambi\u00e9n busca modernizar las notificaciones judiciales y contempla la utilizaci\u00f3n del domicilio electr\u00f3nico constituido contractualmente para determinadas comunicaciones. Si no existiera un domicilio especial, se prev\u00e9n mecanismos para realizar la notificaci\u00f3n en el propio inmueble objeto del proceso. La intenci\u00f3n es reducir algunas de las dificultades procesales que pueden extender los tiempos de un expediente. Para Sanfelippo, estas herramientas adquieren importancia porque el cumplimiento de los contratos no depende solamente de las normas que establecen derechos y obligaciones, sino tambi\u00e9n de la posibilidad efectiva de hacerlos valer. \u201cPodemos tener un contrato perfectamente redactado, pero si ante un incumplimiento grave hacen falta a\u00f1os para obtener una soluci\u00f3n, existe un problema. La seguridad jur\u00eddica tambi\u00e9n consiste en que los derechos puedan hacerse efectivos.\u201d El profesional considera, adem\u00e1s, que reglas m\u00e1s previsibles podr\u00edan generar mayor confianza entre quienes analizan colocar una propiedad en alquiler. \u201cSi el propietario sabe que existe un contrato que puede hacerse cumplir y que, ante un incumplimiento acreditado, tendr\u00e1 una respuesta judicial razonable, probablemente tenga mayor tranquilidad para ofrecer su propiedad\u201d, sostuvo. Qu\u00e9 pasa cuando existen situaciones de vulnerabilidad Otro punto especialmente sensible aparece cuando en la vivienda existen menores, adultos mayores o personas con discapacidad en situaci\u00f3n de vulnerabilidad. El proyecto contempla la intervenci\u00f3n de los organismos competentes ante determinados supuestos, con el objetivo de articular la asistencia correspondiente antes de ejecutar el lanzamiento. Sanfelippo considera indispensable preservar esas garant\u00edas, aunque plantea que la respuesta frente a una situaci\u00f3n social vulnerable no deber\u00eda recaer indefinidamente sobre un propietario particular. \u201cCuando existe una situaci\u00f3n de vulnerabilidad tiene que intervenir el Estado y tienen que funcionar los organismos correspondientes. Nadie puede mirar para otro lado frente a una familia que necesita asistencia. Pero tampoco podemos trasladar indefinidamente toda esa responsabilidad a un propietario particular.\u201d Seg\u00fan el corredor, all\u00ed vuelve a aparecer la necesidad de encontrar un equilibrio entre derechos. \u201cUna cosa no deber\u00eda anular la otra. Se puede proteger a una persona vulnerable y, al mismo tiempo, reconocer el derecho del propietario sobre su inmueble. Para eso existen el Estado, la Justicia y los organismos que tienen que intervenir\u201d, agreg\u00f3. Un debate que puede impactar sobre la oferta de alquileres M\u00e1s all\u00e1 de los expedientes individuales, Sanfelippo considera que la discusi\u00f3n puede tener consecuencias sobre el funcionamiento general del mercado. Una de las variables que un propietario analiza antes de colocar un inmueble en alquiler, explic\u00f3, es el riesgo que asume frente a un eventual incumplimiento. Cuanto mayor sea la percepci\u00f3n de que recuperar una propiedad puede convertirse en un proceso extremadamente largo y costoso, mayor puede ser tambi\u00e9n la resistencia de algunos propietarios a incorporarla al mercado tradicional de alquileres. Para el profesional, aumentar la seguridad jur\u00eddica no deber\u00eda entenderse solamente como una medida favorable al due\u00f1o del inmueble. \u201cNecesitamos que haya propietarios dispuestos a alquilar y buenos inquilinos que puedan acceder a esas viviendas. Para que eso ocurra tiene que existir confianza. Y la confianza aparece cuando las reglas son claras y sabemos que se van a cumplir.\u201d En ese sentido, Sanfelippo sostiene que un mercado de alquileres saludable requiere simult\u00e1neamente protecci\u00f3n de la propiedad, contratos claros y derechos efectivos para los locatarios.<\/p>\n\n\n\n \u201cNo veo por qu\u00e9 deber\u00edamos elegir entre proteger al buen propietario o al buen inquilino. Hay que proteger a ambos. La discusi\u00f3n tiene que estar puesta sobre el incumplimiento, no sobre qu\u00e9 lado del contrato ocupa cada persona\u201d, afirm\u00f3. El pedido de Gonzalo Sanfelippo a Diputados Con la media sanci\u00f3n del Senado, el debate se traslada ahora a la C\u00e1mara de Diputados. El proyecto todav\u00eda debe atravesar esa instancia legislativa antes de poder convertirse en ley, por lo que los cambios propuestos no pueden considerarse actualmente vigentes. Sanfelippo pidi\u00f3 que Diputados avance con su tratamiento y dirigi\u00f3 el reclamo al conjunto de los bloques, sin distinciones partidarias. \u201cEl Senado dio un paso importante. Ahora esperamos que Diputados d\u00e9 el debate y avance. La propiedad privada no puede quedar durante a\u00f1os atrapada en un expediente cuando existe un incumplimiento acreditado. Necesitamos respuestas judiciales m\u00e1s r\u00e1pidas, siempre respetando el debido proceso y el derecho de defensa.\u201d Para el corredor inmobiliario, el objetivo no deber\u00eda ser inclinar la legislaci\u00f3n hacia una de las partes, sino conseguir que las obligaciones asumidas tengan consecuencias jur\u00eddicas previsibles. \u201cSi incumple el propietario, el inquilino tiene que contar con herramientas para defenderse. Y si incumple el inquilino, el propietario tambi\u00e9n tiene que tenerlas. No puede haber derechos para uno y obligaciones para el otro. El equilibrio est\u00e1 en exigir que ambas partes cumplan\u201d, se\u00f1al\u00f3. En momentos en que la iniciativa inicia una nueva etapa de discusi\u00f3n parlamentaria, Sanfelippo resume su posici\u00f3n con una definici\u00f3n: \u201cNo necesitamos una Justicia que est\u00e9 a favor del propietario o del inquilino. Necesitamos una Justicia que est\u00e9 a favor de que se cumplan la ley y los contratos, que proteja al que cumple y que pueda dar una respuesta en un tiempo razonable. Eso es seguridad jur\u00eddica.\u201d La discusi\u00f3n quedar\u00e1 ahora en manos de Diputados. All\u00ed deber\u00e1n definirse tanto el futuro del proyecto como el alcance definitivo de una reforma que vuelve a poner sobre la mesa una de las cuestiones m\u00e1s sensibles del mercado inmobiliario: c\u00f3mo compatibilizar el derecho de propiedad, la protecci\u00f3n de quienes alquilan y la necesidad de que los conflictos tengan una respuesta judicial efectiva y oportuna.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" MERCADO INMOBILIARIO El martillero p\u00fablico y corredor de comercio analiz\u00f3 el proyecto que obtuvo media sanci\u00f3n en el Senado y que busca agilizar los procesos de desalojo. 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