La familia de Alejandro Raúl Talavera, un kiosquero de 56 años sin antecedentes, denuncia una “causa armada” y un allanamiento violento tras ser acusado de participar en un robo bajo la modalidad de banda armada. Según los registros de seguridad, mientras ocurría el asalto, el hombre se encontraba realizando compras para su negocio en el Mercado Central, trayectoria que quedó filmada pero que la fiscalía parece ignorar. Actualmente, permanece bajo prisión preventiva en la Alcaidía N° 1 de Lomas de Zamora, mientras sus hijos claman por una revisión urgente del proceso.
Lo que debía ser una jornada laboral rutinaria de fin de año se transformó en una pesadilla procesal para la familia Talavera. El 30 de diciembre pasado, un robo a mano armada sacudió la zona de 9 de Abril, en Esteban Echeverría. La justicia puso la lupa sobre un Ford Focus color champagne, modelo 2003, similar al que Alejandro utiliza diariamente para buscar mercadería. Sin embargo, el seguimiento cronológico de la defensa sitúa al comerciante en la estación Axion de Ruta 4 a las 08:07 hs y dentro del Mercado Central a las 08:20 hs, coincidiendo exactamente con el horario en que se cometía el ilícito en Av. de la Rivera y Mar del Plata.
La detención, ejecutada en la madrugada del 31 de diciembre por personal de la Comisaría Esteban Echeverría 3°, fue calificada por sus hijos, Mariela y Brian Ramiro, como un acto de extrema violencia. Según la denuncia pública, el operativo a cargo del sargento Matías Manuel Gómez se realizó con agresiones físicas frente a un menor de 14 años y sin la exhibición inmediata de la orden judicial. “Destrozaron la vivienda y el auto, se llevaron dinero y mercadería, pero no encontraron ni un solo elemento de los robados en el asalto investigado”, relataron los familiares.
El periplo judicial de Talavera suma irregularidades que ponen en duda el debido proceso. La familia sostiene que el hombre fue llevado a declarar ante la UFI N° 4, a cargo de la Dra. Magdalena Vanesa González, sin la presencia de un abogado defensor. Además, denunciaron un hecho alarmante: el teléfono celular del detenido, secuestrado para pericias oficiales, registró actividad en redes sociales y aplicaciones días después de estar bajo custodia policial, lo que sugiere una manipulación indebida de la prueba.
A pesar de contar con arraigo familiar, un domicilio fijo donde funciona su almacén y la ausencia total de antecedentes penales, la justicia dictó la prisión preventiva. Tras pasar por las comisarías de Transradio y El Jagüel, el comerciante fue derivado a una unidad penal donde su salud física y mental comenzó a deteriorarse rápidamente. “No pedimos impunidad, pedimos que lean la causa; las cámaras de seguridad prueban que él estaba trabajando, pero la fiscalía prefiere mantener a un inocente preso antes que admitir un error”, sentenciaron sus hijos.
El pedido de la familia es concreto: que la Dra. González revise las filmaciones del Mercado Central y las antenas de telefonía que confirmarían la ubicación de Talavera lejos de la escena del crimen. Mientras los verdaderos autores del robo armado continúan prófugos, un vecino trabajador enfrenta la posibilidad de una condena injusta. El caso ya ha comenzado a generar ruido en los pasillos de los tribunales de Lomas de Zamora, donde se espera que las pruebas de descargo finalmente sean tomadas en cuenta para devolverle la libertad al comerciante.