La Cámara de Diputados debatirá en febrero, en el marco del período de sesiones extraordinarias, el proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil impulsado por el Gobierno nacional, que incluye la baja de la edad de imputabilidad. La iniciativa forma parte del paquete de prioridades legislativas del oficialismo y reabre una discusión sensible en materia de seguridad y derechos de la infancia.
La inclusión del tema fue adelantada por la exministra de Seguridad y actual senadora, Patricia Bullrich, quien sostuvo que el debate permitirá exponer con claridad las posiciones políticas. “Nos vemos en el Congreso en febrero para tratar la Ley Penal Juvenil y actualizar la edad de imputabilidad. La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas”, escribió en su cuenta de X, donde además cuestionó a los sectores que se oponen a la reforma.
El proyecto original del Gobierno propone reducir de 16 a 13 años la edad a partir de la cual un menor puede ser considerado penalmente responsable. En 2025, esa iniciativa fue unificada con otros once proyectos y obtuvo dictamen de mayoría en comisiones, aunque el texto final fijaba la edad mínima en 14 años y establecía penas máximas de hasta 15 años, junto con sanciones alternativas como servicios comunitarios y reparaciones económicas.
Sin embargo, al no ser tratado dentro del período legislativo correspondiente, el dictamen perdió estado parlamentario. Con la nueva composición del Congreso, el oficialismo busca ahora reinstalar su propuesta original de baja de la edad de imputabilidad a 13 años, mientras que Unión por la Patria sostiene que la edad debe mantenerse en 16 y el Frente de Izquierda rechaza cualquier modificación.
En la práctica, la reforma permitiría que adolescentes de 15 años puedan ser juzgados y condenados penalmente por delitos graves, aunque con límites en el tipo y duración de las penas. Además, jóvenes de 16 y 17 años podrían recibir sanción penal por delitos que hoy no son punibles, como el robo simple, siempre que no impliquen penas de prisión efectiva.
La iniciativa también generó cuestionamientos a nivel internacional. Organismos como UNICEF advirtieron que la baja de la edad de imputabilidad no reduce la inseguridad y puede implicar retrocesos en materia de derechos humanos. En la misma línea, la Red Internacional de los Derechos del Niño recordó que países que avanzaron con reformas similares luego debieron revertirlas tras observaciones de la ONU.