Una actividad rechazada por los vecinos y prohibida por ordenanza continúa funcionando en un barrio residencial.
Pedidos de informes, expedientes y una intervención del Defensor del Pueblo adjunto, quedaron cajoneados sin explicación.
El rol de la Secretaría de Producción, Comercio y Ambiente, bajo la conducción del Ing. Carlos Lombardo, concentra las principales responsabilidades.
Avellaneda, enero de 2026.
El conflicto por la instalación y funcionamiento de una sala velatoria sobre la calle Centenario Uruguayo dejó de ser un simple reclamo vecinal para transformarse en un caso testigo de desidia institucional, decisiones contradictorias y expedientes deliberadamente ignorados dentro del Municipio de Avellaneda.
Desde septiembre de 2024, vecinos de Centenario Uruguayo, entre Heredia y La Fuente, rechazaron públicamente la instalación del emprendimiento en un área estrictamente residencial, alertando sobre el impacto en la calidad de vida, el tránsito, la seguridad y la convivencia barrial. Las advertencias fueron acompañadas por firmas elevadas al intendente Jorge Ferraresi, que nunca obtuvieron respuesta.
En aquellas presentaciones, los frentistas advirtieron que la operación de una sala velatoria implicaría ingreso constante de vehículos, ceremonias nocturnas y situaciones emocionalmente sensibles incompatibles con el perfil del barrio. También señalaron la incompatibilidad con la zonificación vigente y la peligrosidad de habilitar un precedente que habilite futuros negocios ajenos a la identidad residencial.
Las preocupaciones incluyeron el caos vehicular en calles angostas, dificultades de estacionamiento y el riesgo para peatones. “Ya hoy es imposible estacionar; con un velatorio sería directamente inviable”, sostuvo un vecino. A esto se sumó la proximidad de un jardín de infantes, lo que generó un rechazo aún mayor entre las familias.
El 5 de septiembre de 2024, los vecinos iniciaron el expediente municipal N.º 95616/24 por la instalación de la sala velatoria en Centenario Uruguayo 1370. Sin embargo, el 14 de octubre de 2024, la habilitación comercial fue solicitada para otro domicilio: Centenario Uruguayo 1380. Pese a esta inconsistencia, la actividad comenzó de inmediato, sin habilitación y en una dirección distinta a la declarada.
El 21 de octubre de 2024, la Secretaría de Producción, Comercio y Ambiente, a cargo del Ing. Carlos Lombardo, informó que no existía restricción legal para la instalación. No obstante, inspecciones posteriores constataron graves deficiencias en materia de seguridad, ausencia de salidas de emergencia, accesos inadecuados para ambulancias o coches fúnebres y la obstrucción permanente de la vereda, afectando a peatones y comercios linderos.
Ante la falta de respuestas del Ejecutivo, los vecinos acudieron a la Defensoría del Pueblo de Avellaneda, donde el Defensor Rodrigo Galetovich tomó intervención y presentó un pedido de informes formal al Municipio. Lejos de aclarar la situación, la iniciativa del Defensor fue cajoneada, sin respuestas ni acciones concretas, profundizando la sensación de “encubrimiento administrativo“.
La contradicción institucional se volvió evidente cuando el 24 de noviembre de 2024 el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza N.º 30989, que prohíbe la instalación de nuevas casas funerarias en todo el partido de Avellaneda, promulgada el 3 de diciembre de 2024 por el Intendente. A pesar de ello, el establecimiento continuó funcionando.
Las medidas adoptadas por el Municipio resultaron meramente simbólicas: una clausura sin faja, que permitió la continuidad de la actividad. Finalmente, el 13 de junio de 2025, el lugar comenzó a operar con una oblea provisoria en Centenario Uruguayo 1380, aun cuando la ordenanza prohibitiva ya estaba vigente y había sido impulsada por un proyecto del propio Secretario del área, lo que agrava las sospechas sobre el procedimiento.
Durante 2025, concejales de Avellaneda presentaron dos pedidos de informes, confirmando que la habilitación otorgada no se ajusta a las ordenanzas vigentes. Ambos reclamos legislativos también fueron ignorados.
Hoy, a más de un año del inicio del expediente, el caso deja al descubierto una práctica reiterada: normas que se sancionan pero no se cumplen, controles laxos, expedientes archivados sin explicación y funcionarios que eluden responsabilidades.
Hay mas pruebas, videos y documentos que seguiremos informando.