Limitaciones de recursos, precarización laboral y presiones institucionales aparecen entre las principales preocupaciones de la flamante Red de Jueces y Juezas Penales de la República Argentina.
Los jueces de Lomas de Zamora Gabriel Vitale y Roberto Conti, y la jueza correccional de Avellaneda-Lanús, Gabriela Topalian integran la Red junto a magistrados de todo el país.
Los impulsores de este espacio fueron en su momento el recordado Mario Juliano y el juez Mario Velázquez.
En el primer encuentro las y los magistrados elaboraron un diagnóstico compartido sobre las dificultades que atraviesa el fuero penal en diversas provincias. Entre los principales puntos señalados se mencionaron presiones institucionales, demoras en los procesos de designación, limitaciones de recursos, precarización laboral, burocracias internas y el uso político de casos judiciales. Según se indicó, estas situaciones impactan de manera directa en la independencia funcional de los jueces.
Ese diagnóstico quedó reflejado en un Acta Fundacional, en la que la Red expresó su propósito de trabajar por el fortalecimiento de la independencia judicial, entendida como una garantía para los habitantes del país. El documento también plantea la necesidad de promover prácticas procesales acordes con la Constitución Nacional y con estándares internacionales, además de mejorar los recursos y la profesionalización en el ámbito penal.
El carácter federal del encuentro fue uno de los aspectos destacados. Jueces y juezas de distintas regiones, desde el norte hasta el sur del país, coincidieron en señalar problemas comunes, como la falta de recursos, las presiones externas y la necesidad de una formación continua e interdisciplinaria. En ese marco, se subrayó que las condiciones materiales y estructurales inciden directamente en la calidad del servicio de justicia que se brinda a la ciudadanía.
En la jornada inicial también se presentaron los cinco ejes que orientarán el trabajo de la Red de Jueces y Juezas Penales. El primero de ellos propone una justicia cercana y humana, que contemple el impacto de las decisiones penales y mejore su comunicación con la sociedad. El segundo eje se centra en la profesionalización, a través de la formación continua, la razonabilidad en las decisiones y el respeto estricto de las garantías constitucionales.
El tercer eje refiere a la independencia judicial, definida como una garantía ciudadana y no como un privilegio corporativo, y plantea la necesidad de proteger a los magistrados de presiones externas e institucionales. El cuarto eje se orienta a la defensa del control judicial, con el rechazo a iniciativas que busquen limitar ese control sobre investigaciones policiales o fiscales, por su impacto en la protección de derechos fundamentales. El quinto eje apunta al fortalecimiento del Poder Judicial, con énfasis en la asignación de recursos adecuados y en la consolidación de jueces independientes y debidamente capacitados.
El encuentro concluyó con la firma del Acta Fundacional y el compromiso de continuar el trabajo en futuras instancias federales convocadas por la Red, con el objetivo de avanzar en propuestas para mejorar el servicio de justicia y contribuir al fortalecimiento institucional del sistema penal.