Leonela Moyano, psicopedagoga y directora del centro interdisciplinario RIE, advierte sobre el riesgo real de cierre de centros de atención por la crisis en el sistema de prestaciones. “No es una cuestión política, es una emergencia humana: sin apoyo estatal, las familias no pueden pagar 400 mil pesos mensuales en terapias para sus hijos”.
La reciente decisión del presidente Javier Milei de vetar partidas presupuestarias destinadas al sistema de atención a personas con discapacidad generó una fuerte reacción de profesionales y familias en todo el país. Entre ellos, Leonela Moyano, psicopedagoga y directora del centro interdisciplinario RIE, se pronunció con firmeza: “Ya no sabemos qué hacer con nuestros sueldos, no nos alcanza. Las prepagas pagan a 60 o 90 días, es inviable sostener esta tarea con tanta demora en los pagos”.
Desde su centro, trabajan junto a un equipo conformado por psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales y psicopedagogos, brindando acompañamiento integral a niños, adolescentes, adultos y sus familias. “El trabajo que hacemos no es sólo terapéutico, es profundamente humano. También articulamos con escuelas y otros espacios, porque el abordaje debe ser integral. El ser humano es complejo, y creemos que trabajar en equipo es la mejor manera de acompañar”, sostuvo Moyano.
Con una trayectoria de más de 10 años en el ámbito de la discapacidad, Moyano reconoce que la crisis del sector no es nueva ni exclusiva de este gobierno, pero enfatiza que hoy se llegó a un punto límite. “No es que ahora estamos en contra de Milei, venimos de una crisis profunda que ya estaba instalada. Pero esta medida fue el golpe final. Nos preguntan por qué no salimos antes, y la respuesta es clara: sentimos que tocamos fondo. Si esto no se revierte, desaparecemos como sistema”.
Además de los centros de atención, están en riesgo las escuelas especiales, los centros de día y la atención domiciliaria. El recorte no sólo afecta a los profesionales, sino directamente a las familias. “Una familia que no cuente con cobertura debería afrontar más de 400 mil pesos mensuales en terapias para un hijo. Es inviable para la mayoría”, advirtió Moyano.
Las prestaciones que brinda el sistema de discapacidad no las regula directamente la obra social, sino la Superintendencia de Servicios de Salud, que fija un arancel único. Actualmente, una sesión de 45 minutos se paga 12.000 pesos, muy por debajo del valor de mercado. “Lo que el Estado paga por una sesión no alcanza ni para una pizza. Y además lo cobraremos, con suerte, en tres meses. Es imposible seguir así”, relató la profesional, que incluso evaluó dejar su vocación durante el receso invernal. “Durante las vacaciones atendí el local de ropa de mi mamá en Quilmes. Realmente me cuestiono si seguir, y eso me duele profundamente porque estudié ocho años para esto, como muchas colegas”.
Ante las críticas que aseguran que el reclamo es político, Moyano fue clara. “Yo voté a Milei. Esto no es ideológico, no soy del PRO ni kirchnerista ni de izquierda. Este reclamo es transversal. También alzamos la voz para decir basta al reparto indiscriminado de pensiones y CUD sin control, como ocurrió anteriormente. Pero el control lo debe ejercer el Estado, no puede ser la excusa para destruir todo un sistema”.
Según los propios profesionales, el gasto en discapacidad representa solo el 0,28% del PBI. “No es un despilfarro, es una inversión. Si no se sostiene esta red, lo que sigue es el colapso total del sistema. Y el sistema de salud pública ya no da respuesta: en salud mental, un hospital te da turno para dentro de seis meses. ¿Qué familia puede esperar tanto?”, concluyó Moyano.