El juez Jorge Gorini le confirmó la prisión domiciliaria por Zoom y ordenó que use tobillera electrónica. La exvicepresidenta comenzó a cumplir su condena a 6 años por corrupción en la Causa Vialidad.
Cristina Kirchner quedó detenida este martes en su departamento del barrio porteño de Constitución, luego de que el juez Jorge Gorini le notificara —a través de una videollamada por Zoom— que comenzará a cumplir la pena de seis años de prisión por corrupción en la Causa Vialidad. El magistrado también ordenó la colocación de una tobillera electrónica para monitorear su arresto domiciliario, aunque aún no hay confirmación sobre cuándo se implementará ese dispositivo.
Pese a que la expresidenta no se trasladará a Comodoro Py, el peronismo ratificó la movilización prevista para este miércoles a las 10 de la mañana.
La decisión del Tribunal Oral Federal N.º 2 se da en una jornada intensa. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes impulsaron la acusación en el juicio por la causa Vialidad, rechazaron esta mañana el pedido de la defensa de Cristina para evitar la detención. A pesar de ello, Gorini ya tenía resuelta la domiciliaria, que será oficializada en las próximas horas.
El fallo contempla que Cristina Kirchner no sea trasladada, sino que quedara inmediatamente bajo custodia en su departamento de San José al 1100. Se le restringirá la posibilidad de realizar reuniones políticas masivas en su domicilio, aunque no tendrá límites para expresarse públicamente ni para usar redes sociales.
Desde Casa Rosada explicaron que una eventual movilización en caso de traslado físico de la exmandataria generaba “riesgos innecesarios” en términos de seguridad. La decisión judicial busca desactivar ese escenario, aunque no logró frenar la convocatoria de la militancia, que insiste en denunciar una supuesta persecución judicial y sostiene que se trata de un caso de lawfare.
Paralelamente, el equipo legal de Cristina Kirchner inició una estrategia internacional. Ya se presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional y se preparan escritos para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de revertir su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Como precedente, mencionarán el caso del presidente colombiano Gustavo Petro.