Con el regreso del presidente, el Gobierno busca firmar una batería de decretos que apuntan a reducir organismos públicos, achicar estructuras y recortar gastos antes de que expiren las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley Bases.
Tras su gira internacional más extensa hasta el momento, el presidente Javier Milei regresó al país y retomó la agenda con un objetivo claro: activar una batería de decretos para desregular y reducir la estructura del Estado antes del próximo 8 de julio, cuando vencen las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley Bases sancionada en 2024.
Según confirmaron fuentes oficiales, hay al menos 13 decretos listos para ser firmados por el mandatario en las próximas semanas. Estas medidas incluyen el cierre de áreas, la centralización de organismos descentralizados, el recorte de personal y la venta de inmuebles estatales. Los principales ministerios involucrados son Economía, Salud y Capital Humano, con foco especial en organismos como el INTA, el Senasa y la ANAC.
Uno de los cambios más ambiciosos apunta al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que emplea a más de 6.000 personas y cuenta con 450 sedes en todo el país. La reforma contempla reducir su planta, desprenderse de algunas propiedades y modificar su esquema de gobernanza. Otro caso similar es el del Instituto Nacional del Cáncer, donde aún no se implementó la transformación anunciada hace meses para eliminar superposiciones burocráticas.
Un informe reciente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado —a cargo de Federico Sturzenegger— reveló que existen 111 organismos dentro de la Administración Pública Nacional: 40 desconcentrados y 71 descentralizados, con un total de 477 autoridades superiores. Según Sturzenegger, los organismos descentralizados duplican estructuras administrativas, como sueldos y compras, que podrían concentrarse en áreas centrales del Ejecutivo.
La urgencia por firmar los decretos antes del 8 de julio se debe a que, una vez vencidas las facultades delegadas, el Gobierno deberá volver a canalizar reformas estructurales a través del Congreso, donde aún no cuenta con mayoría. Por eso, en Balcarce 50 analizan el momento adecuado para comunicar cada medida, en un contexto político que esta semana estará dominado por la detención de Cristina Kirchner.
Otro punto crítico son los salarios del personal estatal. Si bien hubo una reducción de casi 30.000 contratados en un año —de 322.197 en mayo de 2024 a 292.801 en abril de este año—, persisten reclamos por la falta de actualización en los haberes de monotributistas bajo el régimen del Decreto 1109/17. Según empleados del sector, las Unidades Retributivas (UR) están congeladas desde octubre del año pasado, lo que agrava la situación de quienes no cuentan con paritarias.
La subsecretaria de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, María Rosana Reggi, está a cargo de gestionar esos incrementos, pero se enfrenta a una dura realidad presupuestaria. La negativa del Presidente a descongelar sueldos de la alta dirección también generó tensiones internas. “Solamente se puede quedar quien tiene muchísima plata”, graficó un funcionario respecto a la dificultad para retener personal calificado.
En paralelo, ya se especula con el futuro del propio Ministerio de Desregulación una vez vencidas las facultades delegadas. Si bien la cartera liderada por Sturzenegger podría transformarse o reducir su rango, su función continuará a través de la recomendación de reformas menores a otras áreas del Ejecutivo.
Con el reloj corriendo hacia el 8 de julio, el oficialismo busca avanzar con una reforma del Estado a contrarreloj, que le permita dejar sellado un cambio estructural antes del recambio legislativo de diciembre. Los decretos que Milei se apresta a firmar serán clave para definir si ese objetivo es viable o si la resistencia administrativa y política termina por ralentizar el plan de la motosierra.