El gobierno implementó una medida que ha generado un intenso debate político y social: el llamado “Plan Motosierra”. Según el Artículo 8º de la Decisión Administrativa Nº 7/2025, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, se asignarán unidades retributivas adicionales a las autoridades superiores que durante el año 2024 hayan realizado una reducción en sus dotaciones de personal. Esta disposición premia económicamente a los funcionarios que llevaron a cabo despidos, otorgándoles incrementos en sus salarios.
La medida puede ser consultada en detalle en la publicación oficial a través del siguiente enlace: Boletín Oficial – Decisión Administrativa Nº 7/2025.
El anuncio ha generado críticas por parte de sectores políticos y sociales que consideran que esta política refuerza una lógica de austeridad a costa de los derechos laborales y el bienestar de los trabajadores. Para ellos, premiar la reducción de personal implica priorizar el ajuste presupuestario por encima de la protección social y el fortalecimiento institucional.
Por otro lado, los defensores del plan sostienen que estos incentivos buscan promover la eficiencia en la gestión pública, optimizando recursos en un contexto económico desafiante. Sin embargo, el debate sobre los alcances y las consecuencias de esta medida continúa abierto.
¿Se puede equilibrar la transparencia y eficiencia administrativa con la preservación de los derechos laborales? ¿Qué impacto tendrá esta política en los organismos públicos y en las vidas de los trabajadores despedidos? Las respuestas a estas preguntas marcarán el pulso político de los próximos meses.
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