La Coalición Cívica sostiene que Andrés Vázquez promovió y aumentó significativamente el sueldo de María Eugenia Fanelli.
El jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, enfrenta una nueva denuncia presentada por la Coalición Cívica (CC), que lo acusa de violar la Ley de Ética Pública y el Código de Ética de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La controversia surge tras revelarse que Vázquez promovió el ascenso de su pareja, María Eugenia Fanelli, a un cargo preferencial con un aumento salarial significativo, apenas una semana después de asumir su puesto.
La denuncia, encabezada por los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, sostiene que Fanelli fue designada sin cumplir con los requisitos de experiencia y antigüedad exigidos. “El nombramiento interino en ese cargo implicó un incremento remuneratorio de casi un 100% y una ubicación estratégica para la pareja”, afirmaron los legisladores. Además, advirtieron que el caso representa un conflicto de intereses y un “quebrantamiento a la independencia y transparencia” del organismo recaudador.
La polémica también se centra en la figura del presidente Javier Milei, quien designó a Vázquez a pesar de las denuncias previas por omitir en su declaración jurada bienes en el exterior valuados en más de dos millones de dólares. Margarita Stolbizer, del bloque Encuentro Federal, cuestionó duramente al mandatario: “¿Ahora tampoco lo va a echar? ¿Casta propia no se toca?”. Por su parte, el radical Pablo Juliano señaló que “queda claro que Milei se rodeó de la casta para gobernar”.
Además de los cuestionamientos políticos, organizaciones como Poder Ciudadano también expresaron su rechazo. Su presidenta, Delia Ferreira Rubio, calificó la situación como “corrupción lisa y llana” y destacó que el caso pone en evidencia un abuso de poder desde las altas esferas del Gobierno.
La oposición y diversas voces ciudadanas exigieron explicaciones al Ejecutivo y respuestas concretas frente a las denuncias. Sin embargo, hasta el momento, el oficialismo guarda silencio, lo que alimenta las críticas sobre una supuesta “protección” a Vázquez. Mientras tanto, la Coalición Cívica continúa con sus presentaciones judiciales, advirtiendo que el caso pone en jaque los principios de transparencia y ética pública.