El legislador que cambió de bando en el Congreso para alinearse con los libertarios, fue detenido con UDS 200.000 no declarados en Paraguay.
En medio del escándalo por la detención del senador nacional Edgardo Kueider, en Paraguay con más de 200 mil dólares no declarados dentro de su coche particular, desde todo el arco político cuestionaron el accionar del político que está siendo investigado por lavado de dinero.
Una de las primeras en salir al cruce del legislador fue la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, quien utilizó sus redes sociales para apuntar contra el gobierno de Javier Milei, que pactó con Kueider para que este votara en favor de la Ley Bases en el Congreso.
“Democracia tarifada. Senador argentino detenido por las autoridades paraguayas en la Triple Frontera durante la madrugada con cientos de miles de dólares, de los cuales no pudo dar explicaciones. Edgardo Kueider, votado como peronista que pasó a votar como libertario con el Gobierno de Milei y al que Villarruel designó como Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación”, relató la ex mandataria en su cuenta de X (ex Twitter).
En esa línea, la titular del PJ agregó: “Así se consiguen los votos para las leyes que perjudican a las grandes mayorías y a los intereses de la Nación; o las ausencias que impiden derogar los Decretos de Necesidad y Urgencia que condenan a millones de argentinos a la pobreza o le permiten al Ministro de Economía volver a endeudar el país”.
“Que nadie se haga el distraído… Ni la distraída”, concluyó Cristina horas después de que se conociera la detención por parte de la Aduana paraguaya del senador, que causó gran revuelo tanto en el espacio político, como en el ámbito judicial.
Tras el episodio en Ciudad del Este, salió a la luz que Kueider, tiene una causa abierta por enriquecimiento ilícito en Concordia, Entre Ríos, iniciada luego que votara a favor de la Ley Bases. La misma indica que compró dos departamentos de lujo en la zona de Parque Urquiza, en Paraná, por el cual habría pagado USD 300 mil cada uno a través de una sociedad llamada Betail S.A. de la cual el político la declaró como propia en su declaración jurada