El espacio diplomático donde se refugian opositores al gobierno venezolano, sufre amenazas e intimidaciones por parte de grupos paramilitares que responden al líder chavista desde hace meses.
La administración de Javier Mileidenunció ante laCorte Penal Internacional(CPI) al régimen de Nicolás Maduro, por el asedio a la Embajada Argentina en Caracas, que lleva meses siendo amedrentada por grupos paramilitares que responden al líder del gobierno de Venezuela.
En su presentación el embajador en los Países Bajos, Mario Javier Oyarzábal, solicitó que cese del asedio al espacio diplomático que sirve de refugio a seis oponentes políticos al régimen chavista que solicitaron asilo a la Argentina, ante la persecución sufrida y que aún no pueden salir del país caribeño por decisión de Maduro.
“La situación en Venezuela exige una atención inmediata. Lamentamos profundamente la falta de avances sustantivos en la investigación que lleva adelante la Fiscalía. Tras las elecciones del pasado 28 de julio, las circunstancias en el país se han deteriorado aún más”, sostiene la presentación que realizó el funcionario argentino ante el tribunal internacional.
A lo que agregó: “Venezuela no puede considerarse un Estado de Derecho. Los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados y la voluntad democrática de su población es ignorada de manera deliberada. Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y las violaciones graves de derechos fundamentales requieren investigaciones rigurosas e integrales que estén a la altura de las expectativas de justicia internacional”.
Dentro de la Embajada en la capital venezolana se encuentran refugiados Magalli Meda, quien fue la jefa de campaña de la oposición a Maduro en las ultimas elecciones presidenciales; Claudia Macero, coordinadora de Comunicaciones de VV; el ex diputado opositor, Omar González; Humberto Villalobos, coordinador electoral del Comando de Campaña de VV, y el ex ministro Fernando Martínez Mottola, asesor de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el mayor bloque opositor, y Pedro Urruchurtu Noselli.
“Es imperativo que se respete la inviolabilidad de nuestras misiones diplomáticas y que se otorgue de manera urgente los salvoconductos necesarios para garantizar una salida segura de los asilados. Exhortamos a esta Corte a actuar con determinación para asegurar que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia. La impunidad no solo perpetúa el sufrimiento de las víctimas, sino que también erosiona los fundamentos del orden jurídico internacional”, señaló Oyarzábal, en su pedido.