Claudia Pombo fue señalada por la Justicia por su presunta participación en el esquema de coimas vinculado al sistema de fotomultas y la VTV. Su hermana, Roxana, también estaría involucrada.
Claudia Pombo, ex presidenta del Concejo Deliberante de Pilar y actual concejal peronista, enfrenta graves acusaciones judiciales por su presunta participación en un esquema de coimas vinculado al sistema de fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires. Según los investigadores, Pombo sería parte de una red que manejaba sobornos en las multas de tránsito, en la que también estaría involucrado el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio. No es la primera vez que Pombo enfrenta problemas con la Justicia: años atrás fue condenada por irregularidades en un Registro Automotor de San Miguel.
La vida de Pombo y su familia despertó sospechas por su ostentoso nivel de vida. Residen en uno de los countries más exclusivos de la Zona Norte bonaerense, en una casona con ascensor, camionetas de lujo y personal doméstico. Además, se investiga el uso del dinero proveniente del esquema de corrupción para realizar inversiones en Málaga, España. En redes sociales, Pombo suele exhibir su lujoso estilo de vida, como el consumo de champagne Lamborghini, valuado en 500 dólares. “Nunca podría justificar su vida de millonaria”, señaló Matías Yofe, presidente de la Coalición Cívica de Pilar y uno de los denunciantes.
El clan Pombo también incluye a su hermana Roxana, ex concejal y actual funcionaria provincial, y a su medio hermano Héctor. Según la Justicia, toda la familia estaría involucrada en el entramado de sobornos. Roxana pasó de ser edil en Pilar a ocupar un puesto en la Dirección Provincial de Control de Gestión Portuaria, mientras que Héctor reside cerca de Claudia en una casa más modesta dentro del mismo country.
En el centro del escándalo también figura Mario Quattrocchi, jefe del juzgado de faltas de La Plata y subrogante en San Isidro, quien aparece en fotos junto a Claudia Pombo en Málaga. Quattrocchi es uno de los seis jueces de faltas provinciales encargados de definir los cobros y montos de las multas. Según fuentes judiciales, varios de estos jueces estarían implicados en irregularidades, excepto Jorge Vicente, de Bahía Blanca, a quien los investigadores consideran “limpio”.
Las sospechas sobre el sistema de multas van más allá de Pilar y exponen un posible entramado de corrupción en toda la provincia de Buenos Aires. “Los Juzgados de Faltas de La Plata y San Isidro explican casi el 30% de todas las multas provinciales, pero están casi todos entongados”, advierten desde la Justicia.