Desde la Cámara de Centros de Salud Privada hicieron un pedido al Ministerio de Economía para que prorrogue una resolución que prohíbe el inicio de juicios de ejecución fiscal.
La cámara que nuclea a las empresas prestadoras de salud privada, Adecra+Cedim, pidió al Gobierno que tome medidas para evitar un “colapso” del sector, el cual podría producirse en pocas semanas debido a la acumulación de deudas impositivas que podrían derivar en sus ejecuciones mediante embargos masivos.
Los centros médicos nucleados en la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA) y la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (CEDIM) pasan por una grave situación financiera debido a reclamos impositivos por falta de pagos y la eliminación por parte del Ejecutivo actual de las medidas de alivio económico implementadas por el entonces Gobierno de Alberto Fernández tras la pandemia del 2020/2021.
Desde la entidad observaron que “los prestadores de salud privada en su conjunto, que atienden la salud de más de 30 millones de personas e Argentina (afiliadas a PAMI, obras sociales nacionales y provinciales, y empresas de medicina prepaga), vienen sufriendo u lento y continuo deterioro económico-financiero, que se agudizó en pandemia, flagelo del que aún hoy no se ha podido recomponer el capital de trabajo”.
En ese marco, al menos 5 mil cetros de salud podrían ser embargados a partir del 31 de diciembre, cuando se caiga la Resolución 617/24, emitida por el Ministerio de Economía. Se trata de una medida que suspende temporalmente el inicio de los juicios de ejecución fiscal y de la traba de medidas cautelares”. La cámara busca entonces una prorroga de esta misma resolución que solo el ministerio comandado por Luis Caputo puede ratificar, pero hasta el momento no hubo ninguna respuesta oficial.