El ex mandatario se encuentra detenido desde ayer en la Unidad Penal N° de Paraná y fue condenado en 2022 por delitos de malversación y negociaciones incompatibles con el cargo público.
La Justicia de Entre Ríos rechazó el habeas corpus presentado por el ex gobernador Sergio Urribarri, detenido desde ayer en la Unidad Penal N°1 de Paraná, en el marco de la causa que lo condenó a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Según la jueza Carola Bacaluzzo, el recurso no correspondía para el tipo de pedido planteado. Urribarri aún tiene la posibilidad de recurrir al Tribunal Superior de Justicia de la provincia para apelar la prisión preventiva dictada por la Cámara de Casación entrerriana.
El ex mandatario fue detenido por orden de Casación tras considerar que existe un riesgo de fuga. Según el fallo, esta posibilidad se debe a sus “vínculos importantes”, tanto locales como internacionales, y a su capacidad económica. La decisión responde a un cambio de criterio, ya que antes la justicia había rechazado encarcelarlo, pero ahora el tribunal entendió que la confirmación de la condena eleva el peligro de que no se someta al procedimiento judicial.
Urribarri y su cuñado, Juan Pablo Aguilera, también detenidos, se encuentran alojados en celdas separadas del resto de los reclusos por razones de seguridad. Se evalúa un posible traslado del ex gobernador a la cárcel de Gualeguaychú, una unidad penitenciaria más moderna, aunque esta medida debe ser autorizada por la Cámara de Casación. Durante el procedimiento de detención en su domicilio en Concordia, Urribarri se descompensó debido a su condición de salud y fue trasladado con la asistencia de su médico personal.
El ex funcionario fue condenado en 2022 por delitos de peculado y negociaciones incompatibles con su cargo, luego de que se probara que desvió fondos públicos para financiar campañas electorales mediante contratos de imprenta y publicidad. Si bien la sentencia fue confirmada por la Casación provincial en 2023, Urribarri presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, manteniendo la esperanza de revertir el fallo.
La Cámara de Casación argumentó que durante su mandato como gobernador (2007-2015), Urribarri operó “con total impunidad”, utilizando testaferros y el aparato estatal para multas personales. También cuestionaron su comportamiento tras la condena, señalando destinadas a evadir la justicia. Las juezas advirtieron que el ex gobernador cuenta con recursos económicos y contactos suficientes para facilitar una posible fuga, lo que refuerza la necesidad de mantener bajo prisión preventiva.