En medio de bloqueos, escasez de suministros y tensiones políticas, el exmandatario enfrenta al actual presidente en un intento de desestabilización que dejó a Bolivia en un estado de incertidumbre.
La situación política en Bolivia se encuentra en un punto de inflexión, con una crisis interna que escala en intensidad. Evo Morales, expresidente y líder del Movimiento al Socialismo (MAS), ha iniciado una serie de acciones que buscan presionar al actual mandatario, Luis Arce, su antiguo aliado y sucesor en el poder.
Lo que empezó como una disputa de poder dentro del partido se ha convertido en un conflicto que amenaza la estabilidad social y económica de Bolivia, con implicaciones potenciales para toda la región.
Desde mediados de octubre, las tensiones se han manifestado en bloqueos de carreteras en Cochabamba y otras regiones estratégicas, limitando el flujo de alimentos y combustibles a La Paz y Santa Cruz, las principales ciudades del país. Morales ha liderado esta táctica como un medio de presión contra el gobierno, exigiendo cambios inmediatos en la administración y adelantando un llamado a elecciones. La medida ha causado un deterioro en la situación de la seguridad alimentaria y el acceso a recursos básicos, exacerbando el malestar social entre la población.
La administración de Arce ha respondido con fuertes críticas, calificando las acciones de Morales como “traición a la Patria” y “acciones criminales” que ponen en peligro la paz en Bolivia. Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno, señaló directamente al exmandatario y a sus seguidores por estos bloqueos, afirmando que representan una amenaza al orden público y deben ser neutralizados para preservar la integridad del país. Del Castillo también ha señalado que Morales y su séquito han estado evadiendo controles antidrogas en rutas clave, una acusación que apunta a los vínculos históricos del líder cocalero con actividades ilícitas en el Chapare, una región conocida por su producción de coca.
Los antecedentes del conflicto se remontan a la ruptura entre Arce y Morales, una alianza que en su momento era vista como inquebrantable. Morales respaldó a Arce como candidato del MAS en las elecciones de 2020, después de su propio exilio forzado en 2019, cuando renunció bajo la presión de manifestaciones generalizadas y acusaciones de fraude electoral. Sin embargo, tras asumir el cargo, Arce ha optado por distanciarse de la influencia de Morales y consolidar su propio poder, generando fricciones con el ala radical del MAS que aún apoya al exmandatario. Las divergencias entre ambos han derivado en una pugna que va más allá de la política y parece incluir disputas relacionadas con el control de cultivos de coca y rutas de comercio.
El conflicto ha adquirido una dimensión alarmante con la toma de regimientos militares en Cochabamba, un hecho inusual en la política boliviana. Según los informes, seguidores de Morales ocuparon instalaciones y tomaron como rehenes a soldados y oficiales, una acción sin precedentes que ha aumentado la presión sobre el gobierno central. Las imágenes de soldados cercados por manifestantes han circulado en medios locales, ilustrando el estado de vulnerabilidad de las fuerzas armadas ante la influencia de Morales en las bases sindicales y campesinas.
La respuesta de Arce fue sido contundente. En una declaración pública, expresó que las tomas de instalaciones militares representan una afrenta a la soberanía nacional y subrayó que los bloqueos y la violencia de Morales constituyen una traición a los intereses del pueblo boliviano. Arce prometió tomar acciones para restaurar el orden, garantizando el acceso a alimentos y medicamentos y protegiendo el derecho de la población a la libre circulación.
A nivel internacional, la crisis ha generado inquietud, aunque ha habido poco pronunciamiento concreto por parte de los líderes latinoamericanos. Ni el Grupo de Puebla ni la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) han emitido hasta ahora declaraciones significativas sobre la situación, a pesar de la gravedad de los hechos. La falta de una respuesta clara de organismos internacionales ha dejado a Bolivia en un aislamiento preocupante, y muchos analistas temen que el conflicto interno pueda derivar en un enfrentamiento abierto entre los seguidores de Morales y las fuerzas de seguridad del Estado, una situación que podría empeorar la ya delicada situación económica y social del país.
El papel de Morales en esta crisis fue criticado por varios sectores, quienes lo acusan de buscar un retorno al poder a toda costa, incluso si ello implica llevar al país al borde del colapso. Morales ha respondido a las acusaciones en su contra, afirmando que su lucha es en favor del pueblo y acusando al gobierno de Arce de traicionar los ideales del MAS. A través de sus redes sociales, Morales ha exhortado a los funcionarios del gobierno a renunciar en masa como señal de rechazo a lo que él denomina “el peor gobierno de la historia” y comparando a Arce con Jeanine Áñez, la ex presidenta interina detenida.
En paralelo, Morales lanzó amenazas directas sobre una posible insurrección militar si el gobierno intenta arrestarlo por los cargos de estupro y trata de personas que enfrenta en el ámbito judicial. Estas acusaciones, sumadas a las de narcotráfico y la presunta vinculación con redes ilícitas, han puesto al exmandatario en una posición comprometida. Sin embargo, su influencia en los movimientos sociales del Chapare y su capacidad de movilización siguen siendo formidables, lo que complica cualquier intento del gobierno de controlarlo por vía judicial.