Se trata de la “sanción ficta” que fue aprobada en 2006 y que permite que los decretos de necesidad y urgencia firmados por el Presidente solo puedan ser desestimados con la aprobación de ambas cámaras legislativas.
El presidente Javier Milei mantiene el record de ser el jefe de Estado que más decretos de necesidad y urgencia (DNU) ha emitido en tan solo 10 meses de mandato, lleva firmados 43. Motivo por el cual, desde la oposición buscan limitar el uso de esta facultad del Poder Ejecutivo.
Por ello, a partir de las 17 horas de este miércoles, inicia el debate en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, que conducen el libertario, Nicolás Mayoraz, y la diputada del PRO, Silvia Lospennato, quienes no pudieron evitar el tratamiento del tema.
Desde los bloques opositores buscan modificar una normativa impuesta a través de una propuesta de la entonces senadora, Cristina Kirchner, que permitía que los DNU presidenciales sólo fueran rechazados por el Congreso en caso de obtener la mayoría en ambas cámaras legislativas. Como ocurrió con la ley que sumaba 100 millones de pesos a los fondos reservados de la SIDE y que fue desestimada tanto por Diputados como por el Senado.
Para ello deben obtener el apoyo necesario para reformar la ley 26.122, sancionada en 2006, que reglamenta el artículo 99 de la Constitución Nacional. Haciendo que la “sanción ficta” de los DNU quede descartada ante el silencio del Poder Legislativo, como ocurre hasta ahora.
Esta maniobra ha permitido que las sucesivas gestiones utilicen los decretos para acelerar ciertos temas y evitar así el debate parlamentario, sobre todo en ocasiones en donde la fuerza política que gobierna no cuenta con la mayoría legislativa para utilizar los canales apropiados. Tal y como ocurre con la gestión libertaria.
Con este debate, la oposición busca tratar los más de 15 proyectos que se presentaron sobre el tema, que generó un fuerte repudio de expertos constitucionalistas en 2006 cuando se sancionó. Pero que ahora está más cerca que nunca de eliminarse. Limitando el poder de Javier Milei de tomar decisiones sin el consentimiento del Parlamento.