Mientras avanza la causa por violencia de género, Fabiola Yáñez solicitó el embargo de la jubilación de privilegio del ex presidente para sostener al pequeño Francisco de cinco años que reside en España junto a su madre.
Un nuevo problema judicial enfrenta el ex presidente Alberto Fernández, esta vez su ex pareja Fabiola Yáñez, lo demanda por alimentos y manutención para su pequeño hijo de cinco años que reside en Madrid, España, junto con ella. Para ello la ex primera dama solicitó el embargo de la jubilación de privilegio que percibe el político.
La medida fue solicitada por la abogada de Yáñez, Mariana Gallego, quien inició una mediación extrajudicial en el fuero de familia de la Ciudad de Buenos Aires, para llegar a un acuerdo respecto a alimentos para Francisco, el hijo que la ex primera dama tiene con Fernández.
Mientras el tema se resuelve en el juzgado de familia, la letrada solicitó una medida cautelar provisoria para garantizar el pago de alimentos, prepaga, alquiler y la cuota del colegio al que asiste el menor. Para lo que se pidió un embargo de la pensión de privilegio que recibe el ex presidente y que supera los 14 millones de pesos mensuales.
Semanas atrás, la justicia porteña había ordenado a Alberto Fernández que aporte el 30% de la jubilación que cobra por haber presidido el país entre los años 2019 y 2023, sin embargo desde la querella de Yáñez dicen que no es suficiente debido a que el costo de vida del pequeño en España supera ampliamente el dinero que percibe.
Según trascendió por fuentes judiciales, la cifra que reclama Fabiola, supera los 1.000 euros mensuales, además solicita que Fernández se haga cargo del pago de la prepaga, el alquiler y el colegio de Francisco mientras residan en Madrid. Sobre el pedido la defensa del ex líder del PJ nacional, a cargo de la bogada Silvina Carreira, no se pronunció al respecto.
Por otro lado, sigue su curso la investigación en el marco de la denuncia por violencia de género contra quien era su pareja durante su mandato, que se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py, a cargo del fiscal Ramiro Gonzáles, que lo imputó por lesiones leves y graves, doblemente agravadas por el vínculo, abuso de poder y de autoridad, y amenazas coactivas.