En el Ejecutivo consideran que estos organismos, Corredores Viales y la Administración General de Puertos (AGP), tienen funciones duplicadas con otras áreas del Estado.
El Gobierno anunció su plan para cerrar dos importantes empresas públicas, Corredores Viales y la Administración General de Puertos (AGP), lo que podría afectar a más de 4.000 empleados. Un funcionario del Gabinete explicó que estas empresas duplican funciones de otras áreas del Estado, por lo que ya no tienen razón de ser. El objetivo es disolverlas en el mediano plazo, dentro del marco de ajuste y reducción del gasto público.
Corredores Viales, con 3.565 empleados, se encarga del mantenimiento de rutas y autopistas en el país, abarcando 6.000 kilómetros de autovías. Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que sus funciones son similares a las de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). La Administración General de Puertos, que cuenta con 581 trabajadores, tiene a su cargo el puerto de Buenos Aires y las tareas de dragado y balizamiento, pero se considera que duplica las atribuciones de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante.
Diego Chaher, al frente de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, lidera estos procesos de cierre y privatización de entidades del Estado. También trabaja en la disolución de la ex Ciccone Calcográfica y la restructuración de la Casa de Moneda, tras haber cerrado Trenes Argentinos Capital Humano, que afectó a 1.388 empleados y supuso un ahorro de $42.000 millones anuales.
Este proceso se ampara en la reciente Ley Bases, que otorga al presidente Javier Milei facultades extraordinarias para eliminar estructuras públicas que considere innecesarias, aunque quedan excluidas las dependencias del Poder Legislativo y Judicial, así como las universidades y otros organismos como el CONICET y el INCAA.
Finalmente, la Ley Bases establece que los empleados de áreas cerradas o reestructuradas permanecerán un año con goce de sueldo mientras esperan ser reubicados o capacitados para realizar otras funciones o servicios tercerizados dentro del Estado.