El material registrado por las cámaras de seguridad de la residencia presidencial había sido solicitado por la Justicia como prueba en la denuncia por violencia de género que inició la ex primera dama, Fabiola Yáñez, contra el ex mandatario.
La Justicia federal habia solicitado, de manera formal al Gobierno que entregue las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Quinta de Olivos, en el periodo que corresponde a la gestión de Alberto Fernández, para corroborar los movimientos y la actividad del ex mandatario y la ex primera dama, Fabiola Yáñez, en el marco de la causa por violencia de género.
Así lo indicó, a través de un escrito, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7, que conduce Ramiro González, a cargo de la denuncia contra el ex líder del Frente de Todos. El pedido indica: “1) La nómina del personal doméstico de Olivos; 2) Datos del personal que acompañó a Fabiola Yáñez durante un viaje a Misiones en julio de 2021; 3) Registros de los videos de las cámaras de seguridad de la Quinta de Olivos y 4) Registro de ingresos y constancias de atención médica en Olivos”.
El pedido corresponde al año 2021, que es cuando se enmarca la denuncia de Yáñez, contra Alberto Fernández, ya que los chats telefónicos y las imágenes que se encontraron dentro del celular de la ex secretaria privada del ex presidente, María Cantero, corresponden a ese periodo. Vale aquí destacar que la ex primera dama dijo que su celular se “extravió” en la mudanza hacia España, por lo que las únicas pruebas que hay en la causa son las encontradas hasta el momento.
Sin embargo, desde la intendencia de la casa presidencial, indicaron que “el sistema es obsoleto, muy antiguo, no permite grabar más de 45 días hacia atrás y cada día va ‘pisando’ a uno anterior”, según informa el diario Clarín, este lunes.
De hecho, el descubrimiento de las pruebas se dio mientras se peritaba el celular de Cantero, en el marco de la causa por corrupción con los seguros que involucra al esposo de la ex secretaria, el bróker y amigo personal de Alberto, Héctor Martínez Sosa.
Por su parte, el gobierno de Javier Milei, indicó que colaborará con la Justicia aportando los registros de la residencia presidencial. Así lo confirmó el vocero Manuel Adorni, quien expresó que la fiscalía solicitó “mediante dos oficios al gobierno nacional diferentes datos, los cuales, efectivamente, van a ser aportados, en el menor plazo posible. Puede ser en 10 o 15 días”, dijo el funcionario.
Según trascendió la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, ya trabaja en aportar las pruebas necesarias para que avance la causa contra el ex jefe de Estado, en la que la gestión libertaria tiene mucho interés.