Tras las últimas elecciones el régimen de Nicolás Maduro intensificó la persecución a opositores, por lo que varios organismos internacionales alertaron sobre las crecientes violaciones de derechos humanos en el país caribeño.
En las últimas horas, el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, manifestó su profunda preocupación por la numerosa cantidad de detenciones arbitrarias que se registran en Venezuela desde que sucedieron las últimas elecciones presidenciales y las denuncias de fraude por parte de Nicolás Maduro.
Así lo hizo, a través de un comunicado publicó en donde la entidad internacional recientemente se hizo hincapié en “el uso desproporcionado de la fuerza”, de parte del Gobierno venezolano, que se incrementó después de los comicios del 28 de julio.
“Es especialmente preocupante que tantas personas estén siendo detenidas, acusadas o imputadas de incitación al odio o bajo la legislación antiterrorista. El derecho penal nunca debe utilizarse para limitar indebidamente los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación”, indica el texto difundido por la ONU.
Asimismo, se estableció que, según declaraciones oficiales, más de 2.400 personas han sido detenidas desde el 29 de julio. Incluyendo a manifestantes, defensores de derechos humanos, adolescentes, personas con discapacidad, miembros de la oposición o a quienes se considera relacionados con ellos, así como de personas que actuaron como observadores electorales acreditados por los partidos de oposición en los centros de votación.
“En la mayoría de los casos documentados por ONU Derechos Humanos, no se le ha permitido a las personas detenidas designar a un abogado de su elección ni tener contacto con sus familiares. Algunos de estos casos constituirían desapariciones forzadas”, sostiene el documento que evaluó la organización.
Ante los miles de casos, que parecen multiplicarse, el funcionario de derechos humanos de la ONU, expresó: “Pido la liberación inmediata de todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente, y garantías de juicios justos para todas las personas detenidas. El uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley y los ataques contra manifestantes por parte de personas armadas que apoyan al gobierno, algunos de los cuales resultaron en muertes, no deben repetirse”.