Las denuncias internas realizadas por mujeres de la agrupación forzaron a la agrupación K a implementar un protocolo de sanciones. Las situaciones se registraron en varias provincias, destacándose los casos del Conurbano bonaerense.
La Cámpora, la agrupación política liderada por Máximo Kirchner, se vio obligada a crear un protocolo interno para enfrentar los crecientes casos de abusos y violencia de género denunciados por sus propias integrantes.
Desde su implementación, el protocolo ya ha resultado en la expulsión de al menos 30 militantes en todo el país, siendo el Conurbano bonaerense uno de los epicentros de estas denuncias.
Uno de los primeros y más resonantes casos que activaron este protocolo fue el de Jorge Romero, conocido como “El Loco”, un exlegislador bonaerense y amigo cercano de Máximo Kirchner. Romero fue denunciado en 2018 por Stephanie Calo, una compañera de militancia, quien lo acusó de haberla encerrado en un baño y de haber intentado obligarla a practicarle sexo oral.
Este hecho ocurrió en la casa de otro miembro de la agrupación, que presuntamente facilitó el abuso.
La denuncia de Calo no fue un caso aislado. Desde entonces, han surgido múltiples denuncias de abusos y acoso en diferentes provincias, lo que obligó a las autoridades de La Cámpora a tomar medidas drásticas para contener el escándalo y proteger a sus militantes femeninas. Según fuentes internas, la creación del protocolo no fue una decisión sencilla, pero se tornó inevitable ante la ola de acusaciones que comenzaron a salir a la luz.
“Es cierto que antes muchas mujeres no se animaban a denunciar estos abusos, pero con el tiempo hemos aprendido a reconocer y defender nuestros derechos”, comentó un veterano militante de La Cámpora que ha sido testigo de la evolución interna de la agrupación en el manejo de estos casos.
El protocolo, inspirado en códigos de conducta rígidos, tiene reminiscencias a los disciplinarios de organizaciones como los Montoneros en los años 70. Las autoridades de La Cámpora suelen destacar la importancia de este mecanismo para mantener la integridad dentro de la organización, aunque algunos exmiembros han criticado el enfoque.
Entre los militantes que han sido sancionados se encuentran nombres como Julián Eyzaguirre y Nicolás Roó, ambos acusados de acoso y abuso por compañeras de la agrupación. Además, altos dirigentes municipales del Gran Buenos Aires, como Gustavo Matías en Vicente López y Pablo Ramos en Escobar, también enfrentaron denuncias similares que derivaron en su expulsión.
“A pesar de que algunos de estos compañeros aún me generan afecto, es innegable que sus acciones cruzaron límites inaceptables”, reflexionó otro miembro de La Cámpora, subrayando que las sanciones no solo abordan la violencia de género, sino también las faltas a los códigos de compañerismo dentro de la organización.
El protocolo de La Cámpora sigue siendo una herramienta crucial para manejar estas situaciones, aunque la cantidad de denuncias sugiere que el problema de la violencia de género en la política aún está lejos de resolverse.