La administración porteña presentó un reclamo ante el máximo tribunal para que se efectivice la cautelar y se detenga la transferencia de montos discrecionales desde Nación. Mientras tanto, desde el Ministerio de Economía continúan girando $20.000 millones semanales.
La disputa entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional por los fondos de coparticipación sigue escalando, y todos los caminos conducen a la Corte Suprema de Justicia.
El pasado jueves, la administración porteña ingresó un escrito en el que exigió el “urgente” cumplimiento de la cautelar dictada por el máximo tribunal, reclamando el goteo mensual del 2,95% que Nación debería abonar y que, según la Ciudad, ha venido incumpliendo.
El documento presentado utiliza un tono contundente contra el Gobierno nacional, acusándolo no solo de incumplimiento, sino también de realizar transferencias de manera “discrecional, unilateral e inconsulta” de $20.000 millones por semana, en lugar del monto correspondiente al coeficiente que debería girarse el primer día hábil de cada mes. Esta decisión fue adoptada por el Ejecutivo a partir de agosto, luego de que se alcanzara un acuerdo verbal entre Jorge Macri y Luis Caputo para iniciar el goteo del 2,95%.
Dicho encuentro tuvo lugar el 19 de julio en el Ministerio de Economía, donde Macri había celebrado públicamente un acuerdo que, sin embargo, el Gobierno nunca ratificó formalmente. La sorpresa en la sede de Uspallata fue grande cuando, el 1° de agosto, se dieron cuenta de que los fondos transferidos seguían siendo equivalentes al 1,4%, el mismo porcentaje establecido durante el gobierno de Alberto Fernández.
A raíz de esto, se organizó una nueva reunión al día siguiente entre Valeria Sánchez, secretaria de Provincias, y el ministro de Hacienda de la Ciudad, Gustavo Arengo. Sin embargo, las diferencias volvieron a salir a la luz, y no se alcanzó un acuerdo, salvo la decisión del Gobierno nacional de continuar pagando a la Ciudad $20.000 millones semanales. La administración porteña calcula que la pérdida de recursos entre un coeficiente del 1,4% y uno del 2,95% asciende a unos $80.000 millones mensuales.
El malestar entre el alcalde porteño y sus funcionarios creció, pero continuaron intentando mantener canales de diálogo para resolver el conflicto. Sin embargo, la semana pasada, la Procuración porteña y el Ministerio de Justicia de la Ciudad decidieron presentar una nueva nota en la Corte Suprema, la cual se formalizó el jueves.
Finalmente, el escrito fue presentado por el procurador porteño, Martín Ocampo, quien ya había expresado en redes sociales su descontento con la falta de cumplimiento del Gobierno nacional respecto a la coparticipación. Ahora, la decisión parece clara: ante la falta de un acuerdo político, será la Corte Suprema quien defina este conflicto de larga data.
La tensión en torno a la coparticipación se intensifica en medio de la disputa por la quita de subsidios a las 31 líneas de colectivo que operan en la Ciudad.
Expectativas sobre la Corte Suprema
La resolución política que parecía haberse alcanzado entre las partes hizo que el tema perdiera centralidad en la Corte Suprema, especialmente debido a la feria judicial y la aparente conciliación entre Caputo y Macri. Sin embargo, ante la falta de cumplimiento, la Corte se ve nuevamente presionada para tomar una decisión en el corto plazo.
Una fuente judicial consultada por Clarín en julio indicó que la decisión de la Corte podría llegar “más temprano que tarde”. Se espera que el fallo ratifique el 2,95% como el coeficiente a pagar, tal como se estableció en la cautelar, y que se convierta en uno de los primeros reveses importantes para el gobierno de Javier Milei.