La iniciativa que busca modificar la ley de Seguridad interna para autorizar los patrullajes y detenciones en el marco de lo que se considere terrorismo para el Gobierno, podría ser tratada en los próximos días.
El Ministerio de Defensa de la Nación, que comanda Luis Petri, envió al Congreso un polémico proyecto que busca modificar la Ley de Seguridad Interna para permitir la intervención de las Fuerzas Armadas (FF.AA) en los casos en los que el Gobierno considere posibles actos de terrorismo.
La iniciativa desembarcó este lunes en la Cámara de Diputados y podría ser tratada en los próximos días, ya que cuenta con el aval del bloque oficialista y los aliados. Según indica el texto legislativo, se busca incentivar el accionar de las FF.AA dentro del territorio nacional para “restablecer la seguridad interior patrullando las calles, control de personas y vehículos, colaboración en puestos de control fijos o móviles, vigilancia de instalaciones inmuebles y detención en flagrancia”.
Con el aval de los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el propio presidente Javier Milei, además de Petri, el proyecto también modifica la subordinación de los servicios de inteligencia del Servicio Penitenciario y de las fuerzas policiales.
Si bien, en marzo de este año ingresó al Congreso una nueva normativa de seguridad interna, que modificó el accionar de las fuerzas nacionales, a través del protocolo antipiquetes que construyó Bullrich, esta reforma roza los límites de la estabilidad democrática. Ya que deja a criterio de los funcionarios delimitar que se considera un acto de terrorismo interno.
De hecho, el primer punto de la normativa que llegó a la Cámara alta, que preside el libertario Martín Menem, apunta a establecer la posibilidad de utilizar a las Fuerzas Armadas dentro del territorio frente a la posibilidad de un hecho de terrorismo para “restablecer el orden”. Algo que por ahora, está prohibido salvo la declaración del Estado de Sitio por parte del Congreso o el Presidente.
En segundo lugar el proyecto busca darle mayor capacidad de acción a las FF.AA, al permitirles que actúen e inicien una investigación penal en el marco del artículo 41 del Código Penal de la Nación Argentina (Ley 11.179). Autorizando al personal militar a llevar adelante operaciones de patrullaje, control de personas y vehículos, colaboración en puestos de control fijos o móviles, vigilancia de instalaciones y detención en flagrancia de civiles.