El titular del máximo organismo del Ministerio Público argumentó que su creación afectaría la autonomía y especialización del Ministerio Público Fiscal. Su negativa implica un nuevo obstáculo para las reformas del sistema de inteligencia impulsadas por el oficialismo.
La reforma del sistema de inteligencia nacional, impulsada por el gobierno de Javier Milei encontró resistencia no solo en la oposición política y en los sectores judiciales, sino también dentro de la propia Procuración General de la Nación.
El procurador general, Eduardo Casal, rechazó la propuesta de crear una fiscalía especializada en inteligencia, alegando que dicha medida podría comprometer la autonomía y el funcionamiento especializado del Ministerio Público Fiscal.
La decisión de Casal representa un freno significativo a las reformas de inteligencia del gobierno de Milei, personificadas en el ministro Santiago Caputo. También pretende evitar que el poder y la autonomía de la procuración se vean erosionados por la intervención directa del gobierno en las relaciones entre fiscales y agentes de inteligencia.
Contexto de la reforma
El gobierno de Milei, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 14, propuso la creación de una fiscalía que concentrara los contactos judiciales con la recién reformada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Esta fiscalía tendría el objetivo de canalizar la información obtenida por la SIDE hacia las investigaciones criminales pertinentes.
En su resolución 40/24, Casal argumentó que la procuración debe mantener su autonomía funcional y que aceptar la creación de una fiscalía de inteligencia implicaría un cambio fundamental en la estructura y el enfoque del Ministerio Público Fiscal.
Así, subrayó que la Procuración General está compuesta por diversas fiscalías y unidades especializadas que abordan temas específicos como el lavado de dinero, la trata de personas y los crímenes de lesa humanidad. Crear una fiscalía basada en una herramienta de investigación, como la inteligencia, en lugar de en un tipo específico de delito, sería contraproducente y rompería con el criterio de especialización vigente.
Un alto funcionario de la procuración, en declaraciones recientes a Clarín, advirtió que la creación de una fiscalía de inteligencia podría abrir una “caja de Pandora” impredecible, exacerbando las ya cuestionadas relaciones entre los tribunales, las fiscalías y los servicios de inteligencia. El funcionario destacó que establecer un “gerente” oficial para manejar estas interacciones podría ser un despropósito.
Para mitigar las preocupaciones del gobierno sin comprometer la estructura del Ministerio Público Fiscal, Casal propuso que la Secretaría de Coordinación Institucional de la procuración, liderada por Juan Manuel Olima Espel, actúe como el órgano especializado para cooperar con la SIDE.