Quienes no sean reubicados recibirán capacitación o desarrollarán tareas en servicios tercerizados del Estado, con goce de sueldo.
En un movimiento destinado a reformar la administración pública, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, presentó un proyecto que busca otorgar subsidios a empresas privadas para contratar a empleados públicos que queden sin funciones tras la eliminación o fusión de aproximadamente 60 organismos.
El objetivo del plan es racionalizar el empleo público y mejorar la eficiencia del Estado. Según la propuesta, los empleados públicos afectados por estas reestructuraciones recibirán un subsidio equivalente a su salario durante 12 meses, período en el cual podrán ser contratados por empresas privadas.
Esta medida permitiría a los trabajadores demostrar su valía en el sector privado mientras continúan recibiendo su sueldo, financiado por el Estado.
Sturzenegger explicó la iniciativa en una reciente entrevista: “Cuando fusionamos o cerramos organismos, protegemos el salario de los empleados durante 12 meses y luego les ofrecemos una indemnización. Queremos crear un esquema donde, en esos 12 meses, el trabajador pueda ir a una empresa privada y decir: ‘Prueba mi capacidad’. Esos 12 meses de salario pueden ser transferidos a la empresa que lo contrate”.
El proyecto se enmarca en la delegación de facultades que la Ley de Bases ha conferido al Ejecutivo por 12 meses, permitiendo la eliminación de estructuras del organigrama estatal sin la necesidad de pasar por el Congreso. Los empleados que no sean reubicados recibirán capacitación o desarrollarán tareas en servicios tercerizados del Estado, con goce de sueldo. Si al cabo de un año no han encontrado una nueva relación laboral, serán desvinculados e indemnizados.
La propuesta ha generado controversia entre los sindicatos. El gremio ATE ha expresado su preocupación por la eliminación de organismos como el INADI, el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE) y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), entre otros. Además, la iniciativa busca esquivar el control y la participación gremial en el proceso de selección de personal, siguiendo un modelo similar al implementado por Sturzenegger en el Banco Ciudad, donde priorizó los “mejores promedios” y evitó la contratación de familiares.
El principal desafío del proyecto es la actual recesión económica, que ha reducido las contrataciones en el sector privado. Según datos recientes, entre noviembre y marzo se perdieron 126,000 puestos de trabajo asalariado registrado, incluyendo 95,000 en el sector privado. A pesar de los antecedentes de programas similares que no lograron los resultados esperados, Sturzenegger confía en que su plan puede ofrecer una solución viable para mejorar la eficiencia del Estado y fomentar la contratación en el sector privado.
El gobierno espera que esta iniciativa no solo alivie la carga del empleo público, sino que también fomente una mayor integración entre el sector público y el privado, beneficiando a la economía en su conjunto.