El juez Walter Lara Correa falló a favor de un amparo colectivo para asegurar el suministro de alimentos en comedores populares. Sin embargo, el documento también valida las políticas actuales del Ministerio de Capital Humano, lo que desata una nueva polémica entre el Gobierno y las organizaciones sociales.
A solo horas del inicio de la feria judicial, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Walter Lara Correa, tomó una decisión clave sobre la gestión de comedores populares en Argentina.
En su fallo, el registrado hizo lugar a un amparo colectivo presentado por la organización social UTEP, cofundada por el dirigente Juan Grabois, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La resolución ordena al Estado Nacional garantizar el derecho a la alimentación en los comedores y merenderos comunitarios, pero al mismo tiempo valida las políticas del Ministerio de Capital Humano dirigidas por el Gobierno actual.
En su resolución, Lara Correa estableció que el Ministerio de Capital Humano debe continuar con los programas y planes alimentarios vigentes sin interrupciones. “Hacer lugar a la medida cautelar requerida por la Defensora Pública Oficial y, en consecuencia, dispóngase que el Estado Nacional–Ministerio de Capital Humano no innove respecto de los planes y programas enunciados en los considerandos, los cuales deberán ser cumplidos de manera cabal, estricta y sin dilación o interrupción alguna”, dictó el magistrado.
A pesar de esta orden, el fallo reconoce la potestad del Poder Ejecutivo Nacional para revisar, auditar y reestructurar los programas existentes, así como para crear nuevos planes complementarios que mejoren la situación de los comedores y merenderos.
El Gobierno celebra, mientras Grabois lo critica
Desde el Gobierno, se interpretó el fallo como una validación de las medidas implementadas por el Ministerio de Capital Humano. Según fuentes oficiales, “los argumentos por los cuales el juez hizo lugar a la medida podrían ser utilizados para rechazarla”. El Gobierno destacó que la resolución no impide la revisión y auditoría de los programas vigentes, ni la posibilidad de ajustar o crear nuevas iniciativas según las necesidades.
Por otro lado, Juan Grabois, uno de los principales impulsores del amparo, interpretó el fallo como un “freno al plan de miseria planificada” por parte del Gobierno.
En una declaración, el dirigente afirmó que el fallo es una victoria para los comedores comunitarios y aseguró que la justicia ha ordenado “la inmediata restitución de la provisión de alimentos” a las organizaciones que los gestionan. “La solución cautelar alcanzada protege el interés público de las personas que asisten a los comedores y/o merenderos”, enfatizó.
El fallo judicial también respalda las actuales medidas del Ministerio de Capital Humano, que incluyen acuerdos con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la compra de alimentos y la colaboración de las Fuerzas Armadas en la distribución de estos suministros. En este contexto, se informó que “se está realizando la distribución de los alimentos próximos a su fecha de vencimiento” y que “los alimentos restantes serán distribuidos a las escuelas vulnerables de todo el país”.