Alertan que los fondos no se están utilizando a conciencia, explican que hace decadas vienen solicitando asistencia legal y técnica, para poder llevar adelante los arreglos y mejoras, tal es así, que durante años han notificado el estado de situación edilicia a la secretaria de hábitat del municipio y al no obtener respuestas, decidieron realizar una presentación en la defensoría del pueblo de la Provincia de Buenos Aires, así las cosas, cuando la gobernación y el municipio anunciaron el desembolso de 1200 millones pensaron que los problemas se solucionarían.
En consecuencia, cuando los referentes municipales se acercaron para promocionar las obras, antes de las elecciones del 2023, los vecinos dejaron en claro que deberían interiorizarse de la problemática de cada torre, antes de realizar el proyecto, pero esto no ocurrió.
Tal es así, que la solicitud mayoritaria de los vecinos del complejo, se centra en el recambio de los caños de descargas de agua, tanto de los balcones y baños, como asi tambien los de la bajada de agua potable, que están empotrados dentro de las paredes de los edificios y que ésto casualmente no fue lo proyectado en las licitaciones aprobadas.
Los vecinos ven como una ironía, que las empresas contratadas pinten por fuera los edificios, cuando la realidad es que las paredes se encuentran con moho y totalmente empapadas de agua por dentro, la obra en este sentido no transforma la calidad de vida de los vecinos, sino todo lo contrario, se preguntan cuánto más.
Solicitan más presencia del quienes deben controlar la obra, para que se ejecute todo los aprobado en las licitaciones y se pueda agregar lo urgente.
Comentan además, que en la mayoría de las torres, un grupo de vecinos, juntan dinero en forma de expensas, para abonar el gasto de energía eléctrica para que funcione el ascensor y las bombas elevadoras de agua. Y que como existe un vacío legal, a lo referido a los consorcios de estos barrios populares, no todos lo abonan, por lo que se dificulta realizar obras de envergadura y se limitan a mantener mínimamente los espacios comunes y es por ello que necesitan de la asistencia económica del Estado provincial o municipal.
Esperan que en un futuro inmediato, la provincia dicte alguna normativa especial para estos casos y que pueda ser controlada de manera externa, para que los vecinos tengan además de los derechos, la obligación de mantener en condiciones su unidad funcional.