La jueza federal María Servini procesó y ordenó la prisión preventiva de cinco de los 33 detenidos y dos de ellos son militantes del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR).
La jueza federal María Servini procesó y ordenó la prisión preventiva de cinco de los 33 detenidos por los violentos incidentes ocurridos en el Congreso el pasado 12 de junio durante la aprobación de la ley Bases. Entre los detenidos, dos son militantes del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR). La causa se centra en determinar si hubo un operativo coordinado entre dirigentes del kirchnerismo y la izquierda para impedir la sesión.
El fiscal Carlos Stornelli quiere investigar si, además de los detenidos, dirigentes del kirchnerismo alentaron la violencia. Según Stornelli, las conductas investigadas podrían tipificarse en varios delitos, incluyendo “incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones” y “atentado contra la autoridad”. Por su parte, la jueza Servini pidió a la ciudadanía que aporten fotos y filmaciones de los incidentes que causaron daños y gastos estimados en 160 millones de pesos.
El presidente Javier Milei fue más allá y denunció “un intento de golpe de Estado”, mientras que la ministra de Justicia, Patricia Bullrich, consideró algunos de los actos de violencia como “terroristas”. Milei y Bullrich han endurecido su postura contra los incidentes, resaltando la gravedad de los actos y su impacto en la democracia y el orden institucional.
En su fallo, Servini procesó a los cinco detenidos por delitos como intimidación pública y atentado contra la autoridad. Entre ellos, Cristian Fernando Valiente, quien tenía en su poder una granada de guerra, y Patricia Calarco Arrendondo, quien fue encontrada con materiales inflamables y textos del MTR. La jueza sostuvo que los actos respondieron a un “acuerdo previo y coordinado” destinado a perturbar la sesión del Senado.
Por otro lado, la ministra Bullrich ha solicitado ser aceptada como querellante en la causa, apuntando a la comisión de delitos de sedición y estrago doloso, entre otros. En respuesta, un grupo de diputados kirchneristas, encabezados por Carlos Castagneto, denunció a Bullrich por privación ilegal de la libertad, argumentando que la ministra fomentó y avaló la violencia durante los incidentes.