El ministro de Economía reveló que existen casi mil proyectos fallidos que equivalen a unos 600 mil millones de pesos. El Gobierno espera que se terminen las obras en 120 días o que se reembolse el dinero.
Como parte del plan de ajuste fiscal el gobierno de Javier Milei, eligió paralizar toda la obra pública, incluso aquella que ya había sido adjudicad por la gestión anterior. Ahora, el ministro de Economía, Luis Caputo evalúa que los gobernadores e intendentes devuelvan el dinero que no se utilizó en dichos proyectos.
De hecho, este martes en el Boletín Oficial, se publicó la resolución 452/2024, que estipula tres caminos posibles para las provincias o municipios en cuestión: devolución del dinero, finalizar obras en 120 días con financiamiento nacional o hacerse cargo de ellas con fondos propios.
“Se considera necesario dejar sin efecto determinados programas que se llevan adelante en la órbita de este Ministerio que no responden a los criterios de eficiencia en el funcionamiento del sector público que este contexto requiere”, indica el documento emitido por la Secretaria de Obras Públicas, que está bajo la órbita del Palacio de Hacienda.
Una estimación de la gestión libertaria, calcula que el “Argentina Hace”, que fue creado por el ex presidente Alberto Fernández en marzo del 2020 planeaba ejecutar obras de infraestructura en 2.300 localidades del país.
Sin embargo, desde el Gobierno aseguran que cuando tomaron el poder había 951 obras pendientes de este programa, cuyos saldos con municipios ascendían a los $598.522 millones.
Por ello, la resolución del área que comanda Caputo, señala: “De mediar incumplimiento de la provincia, municipio y/u otro ente ejecutor a las obligaciones asumidas en el convenio respectivo, deberá corroborarse si se han adoptado las medidas pertinentes a los fines de procurar la corrección de dicha irregularidad y, en su caso, adoptarlas y eventualmente proceder a recuperar los fondos correspondientes”.
Es decir, que el Ejecutivo nacional extendió la posibilidad de que le devuelvan las partidas giradas para obras a las jurisdicciones que registraran incumplimientos o irregularidades en el fin de los proyectos. En la misma normativa se explicó que los fondos reembolsados serán actualizados según la Tasa Activa del Banco Nación para evitar la licuación inflacionaria de los recursos.