A través de un decreto Javier Milei habilitó cambios en la administración, mantenimiento, infraestructura y operación de los servicios de la empresa estatal, que podría derivar en una reducción de personal.
Como parte del plan de privatización de las empresas estatales que tiene en mente el presidente Javier Milei, y luego de que el capítulo que habilitaba este accionar en la Ley Bases, quedara descartado por el Senado. El Gobierno declaró la emergencia ferroviaria.
La decisión fue oficializada a través del Decreto 525/2024, rubricado por el mandatario y que se publicó este jueves 13 por la mañana en el Boletín Oficial. En donde se afirma: “Esta herramienta permitirá que el Gobierno Nacional avance en acciones necesarias para poder mejorar las condiciones de seguridad operativa en los servicios ferroviarios a través de la renovación de la infraestructura”.
Este accionar por parte del oficialismo interviene en la conducción de la empresa estatal, por lo que podría haber grandes modificaciones, como la reducción de personal, la suspensión de los servicios que no sean redituables y las subas en las tarifas. Tal y cómo ocurrió en los 90s con el gobierno de Carlos Menem.
Asimismo, el documento oficial establece la asignación de 1.293.780.000.000 de pesos, destinados a las inversiones necesarias para mejorar las condiciones de seguridad operativa. Y facultará a las empresas ferroviarias a renegociar las deudas y contratos heredados por la gestión anterior para destinar dichos recursos al funcionamiento de los trenes.
“La medida tiene por objetivo orientar el destino de los fondos públicos asignados a maximizar las inversiones y los recursos empleados para la prestación de un servicio ferroviario en condiciones de eficiencia y seguridad. Para la lograr dichos objetivos, y aún ante las dificultades económicas que atraviesa el país, se ha dispuesto un refuerzo presupuestario para recuperar el sistema ferroviario”, señalaron al respecto desde la Secretaria de Transporte.
El Decreto de Milei designa al organismo que depende del Ministerio de Capital Humano, como la autoridad de aplicación de la emergencia, por lo cual deberá elaborar un plan de acción, dentro del término de los 15 días, con las medidas indispensables y urgentes a tomar. Además, en caso de ser necesario, se podrán realizar “las adecuaciones de las condiciones laborales de sus trabajadores mediante negociaciones con las representaciones sindicales”.