La exvicepresidenta cobra más de $28 millones mensuales, mientras que el actual secretario de Turismo gana $17 millones y los expresidentes alrededor de $13 millones cada uno.
En medio de una de las peores crisis económicas de su historia, Argentina enfrenta la paradoja de pagar jubilaciones de privilegio a un grupo reducido de exfuncionarios, mientras la mayoría de los jubilados sufre una pérdida significativa en su poder adquisitivo. Figuras destacadas como Alberto Fernández y Daniel Scioli han sido protagonistas de estos reclamos, cobrando cifras desorbitadas que contrastan con la realidad del país.
En total el Estado paga 158 millones de pesos mensuales a expresidentes, exvicepresidentes, viudas y a una hija de un exmandatario: Cristina Kirchner es la más beneficiada ya que cobra $28,1 millones, le siguen Daniel Scioli con $17,5 millones, Mauricio Macri con $13,4 millones, Alberto Fernández con $13 millones (estimados), Adolfo Rodríguez Saá con $12,9 millones, Zulema Yoma con $11,1 millones. Por debajo de los 10 millones de pesos por mes: Gabriela Michetti cobra $9,8 millones, Julio Cobos $9,6 millones, Amalia Guido e Inés Pertiné $9,4 millones cada una, Bety Andrés %8,7 millones, Amado Boudou $8,2 millones y María E. Martínez %6,9 millones.
Los datos revelan que, en comparación con febrero pasado, los montos de las jubilaciones de privilegio se han duplicado, lo que agrava la indignación en un contexto de emergencia económica. En el 2022 Daniel Scioli había renunciado a su jubilación, sin embargo, ahora que es secretario de Turismo ad honorem volvió a reclamar su beneficio. El expresidente Alberto Fernández cobrará un retroactivo que reclamó ante la Anses.
La diputada Graciela Ocaña ha encabezado un reclamo contra estos excesos, solicitando que se adopten medidas para limitar los privilegios de los exfuncionarios. Propone que los expresidentes y exvicepresidentes solo cobren la máxima jubilación prevista por la Anses, con el excedente pagado en bonos previsionales a 30 años. El presidente Javier Milei ya envío un proyecto al Congreso para derogar estos privilegios.
Además, se cuestiona la ética detrás de estos reclamos de jubilaciones de privilegio, especialmente en un momento de crisis económica y social. Se destaca la necesidad de una reforma seria y equitativa del sistema previsional, así como el cumplimiento de las sentencias que ordenan los pagos retroactivos a jubilados que llevan años esperando una respuesta.