Como parte del recorte de gastos del Estado el ministro de Economía revocó el Fideicomiso del Trigo que generó un consto de 69.000 millones de pesos desde su creación en 2022.
La depuración de los gastos del Estado que lleva adelante el gobierno de Javier Milei, recayó esta vez sobre los subsidios al Trigo que mantenían estables los precios del cereal y sus derivados, en medio de la fuerte disparada en el precio internacional por la fuerte sequía que afectó las cosechas en el 2023.De este modo, el ministro de Economía, Luis Caputo, eliminó el Fondo Fiduciario Público denominado “Fondo Estabilizador del Trigo Argentino”, que había sido creado a través del Decreto 132 con fecha 19 de marzo de 2022, por el entonces secretario de Comercio de Alberto Fernández, el ultra kirchnerista, Roberto Feletti.
La iniciativa había sido creada en medio de la grave sequía que afectó al agro y elevó el precio internacional del cereal, como consecuencia de la guerra entre Ucrania y Rusia (grandes productores y exportadores de Trigo), y se trataba de entregar subsidios millonarios a los molinos harineros argentinos para que no suban los precios de la dicha materia prima.Sin embargo, la discrecionalidad de la entrega de fondos despertó críticas por considerar la medida como un negocio para los “amigos del poder”. Por ello, como parte de la depuración de lo que el gobierno libertario considera las “cajas negras de la política”, se decidió dar de baja dicho Fondo.
Desde el área que administra Caputo, indicaron que según estimaciones internas, desde su creación el Fondo al Trigo, tuvo un gasto de 69.000 millones de pesos. Los que no tuvieron control, ni seguimiento por parte de la entonces secretaria de Comercio de la Nación, por lo que no se tiene registro del destino y la aplicación de ese dinero del erario púbico.Además, este fondo forma parte de un listado de otros nueve órganos fiduciarios que tienen prioridad para ser eliminados, sobre un total de 29 incluidos en el proyecto de Ley Ómnibus por decreto. La idea del oficialismo generar un ahorro fiscal de unos 2.000 millones de dólares anuales, descartando este tipo de inversiones del dinero público.