El Gobierno se presenta ante una jugada de riesgo en el recinto ya que necesita conseguir una mayoría calificada para aprobar los pliegos.
Después de enfrentar un rechazo en el Senado por el DNU 70/2023, el Gobierno redobló la apuesta y anunció las nominaciones del juez federal Ariel Lijo y el jurista Manuel García-Mansilla para ocupar dos lugares en la Corte Suprema de la Nación.
Sin embargo, para materializar sus candidaturas el oficialismo deberá obtener el acuerdo de la Cámara alta y, por lo tanto, conseguir una mayoría calificada de dos tercios de los presentes, algo que el sector aún no tiene asegurado.
La vicepresidenta Victoria Villarruel se enfrenta a este desafío luego de un desgaste legislativo la semana pasada con el rechazo al DNU firmado por Javier Milei. Fue con 42 votos que la Cámara alta le bajó el pulgar a la medida con la que el Ejecutivo desregula múltiples áreas de la economía y la política, un número muy cercano al que se requiere para nombrar a los magistrados supremos.
Además del kirchnerismo, que sentó a la totalidad de sus 33 senadores, votaron en contra los radicales Martín Lousteau (Capital), Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Edith Terenzi, que responde al gobernador de Chubut, Ignacio Torres (Pro). También lo hicieron los provinciales Mónica Silva (Río Negro), José María Carambia y Natalia Gadano (Por Santa Cruz), y Lucila Crexell (Neuquén); y los peronistas del bloque Unidad Federal Carlos Espínola (Corrientes) y Edgardo Kueider (Entre Ríos).
Lo cierto es que el anuncio sorprendió a muchos. Por su lado, desde el propio sector libertario trataron la información con total hermetismo en sus redes sociales.
La intención del Ejecutivo es que el juez Ariel Lijo cubra la vacante que dejó la jubilación de la jueza Elena Highton de Nolasco. En el caso de García-Mansilla, actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, el Presidente lo propone por anticipado porque pretende que ocupe el lugar que dejará a fin de año el juez de la Corte Juan Carlos Maqueda, que cumplirá 75 años en diciembre.
“En general, todos los gobiernos consultan al Senado antes de mandar pliegos para no ‘emparrillar’ a nadie. No es el caso de este Gobierno”, indicó a LA NACION una senadora kirchnerista que hizo hincapié en la falta al cupo femenino y destacó: “Habrá que preguntarle al Gobierno por qué no cumple con la ley”.
Por su parte, en la bancada radical, con 13 voluntades, la sorpresa era absoluta. “Habrá que empezar a hablar”, señaló uno de sus referentes, que no se pronunció ni a favor ni en contra de los candidatos. No obstante, le reconoció al oficialismo que inició “una jugada riesgosa”.
Una de las primeras referentes de la UCR en manifestarse sobre la decisión del Ejecutivo fue la diputada Carla Carrizo, cercana a Lousteau, quien criticó el hecho de que los nominados para completar el máximo tribunal de Justicia sean todos hombres. “Tiene la oportunidad de enmendar lo que no hizo el gobierno anterior: postule, como corresponde, una mujer a la Corte”, subrayó a través de X.
El desafío para Villarruel, como presidenta del cuerpo, es aún mayor considerando que la mayoría circunstancial que la apoyó previamente ahora muestra reticencias ante las decisiones del oficialismo. El voto de cada senador será crucial en esta situación, donde cada uno deberá ser abordado individualmente.
El proceso de aprobación de estos nominados promete ser complejo y estará marcado por las tensiones políticas en el Senado, así como por la necesidad del oficialismo de asegurar el apoyo necesario para avanzar con sus propuestas en el máximo tribunal de Justicia.