Los organismos estatales solicitaron ser parte activa en la investigación a los intermediarios de seguros y pagos de sobreprecios en la gestión anterior.
ElMinisterio de Capital Humano y ANSES presentaron una solicitud conjunta ante el juez Julián Ercolini para ser querellantes en la causa que investiga a los intermediarios de seguros durante la gestión de Alberto Fernández.
En su presentación, además de aportar testigos, solicitaron que “se perite la firma de Federico Alejandro D’Angelo Campos que surge de la nota cuya fotografía fue acompañada en el expediente oportunamente”. También pidieron una prueba pericial contable para evaluar el perjuicio económico del Estado por las presuntas irregularidades en los contratos con los brokers de Nación Seguros S.A.
Según la denuncia, “la Anses contrató directamente cobertura con Nación Seguros y con posterioridad se introdujo injustificadamente la designación de intermediarios, que generó el pago de comisiones en perjuicio del erario público”.
Además, se menciona que, “por orden del exdirector general del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, se ordenó designar a San Ignacio Sociedad de productores asesores de seguros en carácter de organizador y a TG Broker S.A, en carácter de asesor para la intervención en los contratos mencionados”.
Asimismo, la presentación agrega que Campos fue denunciado por Anses por “otros hechos vinculados con negociaciones incompatibles con la función pública” y “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa”.
Anteriormente, el gobierno de Javier Milei había realizado una auditoría que detectó una serie de irregularidades en los seguros durante el mandato de Fernández, lo que motivó la denuncia actual.
La normativa firmada por Fernández, ahora sin efecto, ordenaba a los organismos del Estado a tramitar sus pólizas a través de Nación Seguros, pero permitía la intervención de brokers privados, que cobraban comisiones.
Durante la totalidad de su mandato, la titularidad en Nación Seguros estuvo en manos de Alberto Pagliano, un amigo cercano del entonces presidente. Por este motivo, el fiscal impulsó la investigación penal contra el exmandatario por la presunta contratación irregular de seguros del Banco Nación para la administración pública a través de un gestor privado.
La denuncia, además, abarca los delitos de fraude a la administración pública, abuso de autoridad y de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.