Entre las acciones anunciadas por el ministro, se incluye un proyecto de Ley de Extinción de Dominio y se propone cubrir vacantes de jueces y fiscales.
Este miércoles, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentó una batería de acciones que buscan combatir la ola de violencia en Rosario. A través de un comunicado, el ministro sostuvo que ante la “la firme decisión” de Javier Milei de erradicar el narcotráfico, la cartera que conduce llevará adelante “acciones concretas con el objetivo de colaborar en la resolución de esta problemática”. “El Gobierno Nacional está decidido a enfrentar a la mafia del narcotráfico. Con estas medidas le daremos un golpe a su corazón”, aseguró.
En este contexto, anticipó que el oficialismo enviará al Congreso un proyecto de Ley de Extinción de Dominio en respuesta a la crisis de seguridad que enfrenta la provincia de Santa Fe actualmente. Cabe recordar que, durante la gestión de Mauricio Macri, se debatió una propuesta similar que incluía la extinción de la propiedad de funcionarios con procesamiento firme en casos de corrupción, pero fue bloqueada por el kirchnerismo.
Cúneo Libarona se comprometió a acelerar “los procesos de decomiso y remate de bienes provenientes del narcotráfico” y fortalecer la delegación de Rosario de la Unidad de Información Financiera (UIF), que había sido retrasada por el gobierno de Alberto Fernández. “Enviamos nuevos agentes de respaldo para verificar y secuestrar sus bienes ilícitos”, agregó.
Asimismo, el ministro buscará implementar el Sistema Acusatorio en Santa Fe, luego de que un DNU le sacó esa facultad del Congreso. A partir de esta medida, las investigaciones, como ya se hace en Salta y Jujuy, estarían a cargo de fiscales federales.
Por otra parte, Cúneo Libarona dijo que “el Ministerio Público Fiscal debe hacerse cargo de investigaciones más complejas, con su reconocido esfuerzo”, en un mensaje al Procurador General de la Nación Eduardo Casal.
En el mismo escrito, el funcionario anunció la creación de una comisión redactora para incorporar, en una eventual reforma del Código Penal, “nuevas conductas punibles y elevación de las penas previstas para narcotráfico, crimen organizado y delitos asociados”.
El Gobierno, a su vez, incluyó en la comisión reformadora el cupo femenino con tres mujeres, entre sus integrantes como la jueza federal María Eugenia Capuchetti y también al Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal Dr Mariano Borinsky.
El ministro también se comprometió a cubrir vacantes de jueces y fiscales federales en Santa Fe y crear “un espacio de trabajo físico donde confluyan y trabajen con coordinación las justicias federales, provinciales y las agencias de investigación y seguridad”.