Lo denunció la abogada Martínez quien presentó la demanda contra Alberto Fernández y el ex titular de la firma Nación Seguros, Alberto Pagliano.
Este viernes, en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias ante el Congreso, el presidente Javier Milei hizo referencia al entramado de negociados con los seguros oficiales, tras la denuncia presentada por la abogada Silvina Martínez contra Alberto Fernández y Alberto Pagliano basada en una investigación periodística publicad por el diario Clarín, en donde se detalla una maniobra de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios dentro de la ANSES.
Luego de la demanda judicial realizada por la Oficina Anticorrupción, el ex presidente de la Nación, Alberto Fernández y su amigo el broker de seguros, Héctor Martínez Sosa y el ex titular de la firma Nación Seguros, Alberto Pagliano, fueron imputados en la causa que investiga la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos.
Si bien las palabras del actual mandatario causaron gran repercusión, Martínez se mostró sorprendida por la falta de impulso del actual Gobierno a la causa que investiga la Justicia y por la continuidad en Nación Seguros de uno de los ejecutivos que habría hecho de “enlace” con los “brokers” involucrados en las supuestas maniobras.
El funcionario Mauro Tanos, que en la gestión Fernández era gerente del área comercial de Oficinas y Organismos Públicos de esta firma del Banco Nación, en las últimas semanas pasó a desempeñarse como gerente general de la misma.
“Llama la atención la continuidad de este funcionario. El Presidente hizo una referencia al caso pero viene lento el aporte de documentación y el impulso a la causa, como también ocurre con los manejos de los fondos fiduciarios. Recién después de presentar esta denuncia contra A. Fernández, interviene la OA. Hay cierta pasividad oficial”, explicó la abogada Martínez. Es que considera que el Estado cuenta con un caudal de información suficiente para detectar eventuales irregularidades.
Este lunes, el Ministerio de Capital Humano, por su parte, realizó una presentación que abarca los delitos de fraude a la administración pública, abuso de autoridad y de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, según lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa en Casa Rosada.
Durante la gestión de Alberto Fernández, las obras sociales sindicales recibieron un total de USD 5.500 millones en reintegros y subsidios, según datos revelados por la Unidad de Datos de Infobae.
Estos fondos, provenientes del Fondo Solidario de Redistribución manejado por la Superintendencia de Servicios de Salud, fueron destinados a 291 entidades para compensar tratamientos complejos, medicamentos costosos y prestaciones por discapacidad. Sin embargo, el viernes 1 de marzo comenzó a regir la libre elección para los trabajadores, permitiéndoles seleccionar el prestador de servicios de salud de su preferencia, lo que generó un nuevo frente de conflicto con la CGT.