El juez Kreplak inició una investigación y aceptó a Lourdes Arrieta, diputada nacional por Mendoza, como querellante.
La Justicia ha iniciado una investigación sobre la polémica visita de seis diputados libertarios a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza. El juez federal Ernesto Kreplak, quien actualmente subroga el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, tomó esta medida después de una denuncia presentada por la diputada Lourdes Arrieta, de La Libertad Avanza de Mendoza. La legisladora alegó haber recibido amenazas y solicitó que se indaguen todos los detalles que llevaron a la reunión de los legisladores de Javier Milei con Alfredo Astiz y otros represores.Arrieta presentó su denuncia el miércoles, solicitando que se investiguen posibles delitos como coacción agravada, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, conspiración y malversación de fondos públicos.En su declaración, representada por el abogado Yamil Castro Bianchi, Arrieta afirmó que fue engañada para asistir a la Unidad 31 del penal de Ezeiza. Según ella, lo que creyó que era una actividad institucional avalada por las autoridades de la Cámara Baja, resultó ser una visita a militares condenados, cuyo objetivo era trabajar en un proyecto para liberarlos de la cárcel y otorgarles prisión domiciliaria.
Además, en su denuncia, apuntó contra varios funcionarios, diputados de su propio bloque, un sacerdote, abogados conservadores, e incluso mencionó a Sharif Menem, sobrino del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien actúa como asesor y mano derecha en el Congreso.
La diputada fue citada por la Justicia para ratificar su denuncia, lo que hizo, y fue aceptada como querellante en el expediente abierto. También se le asignó custodia oficial a ella y a sus padres, quienes residen en Mendoza, después de que Arrieta manifestara haber recibido amenazas y presiones para mantener silencio.Desde la difusión de su visita a los represores, en la que fue fotografiada posando con los condenados por delitos de lesa humanidad, Arrieta afirma que su vida se ha convertido en un calvario.“Se alteró mi rutina, y de ahí vino una debacle genérica contra mi persona, la que incluyó, por ejemplo, que personas en las redes sociales me agredieran, sujetos desconocidos en la calle me tomaran fotos y toda una cadena de hostigamiento que lo único que hizo fue que toda mi familia tema por su seguridad y la mía”, expresó en su denuncia.“Hoy en día me encuentro desprotegida y se encuentra desprotegida mi familia. Más allá de que solicito que se investiguen estos hechos y a este grupos de personas vinculadas en los grupos [de WhatsApp, cuyos chats aportó a la causa], vengo a solicitar protecciones para mi familia y mi persona”, pidió. La Justicia accedió a ese pedido.Arrieta recurrió a la Justicia tras recibir varios mensajes amenazantes por WhatsApp, después de su decisión de revelar lo sucedido antes y después de la visita a represores el pasado 11 de julio.
Esta visita fue liderada por Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, la propia Arrieta, y Rocío Bonacci, quien fue la única diputada que, al llegar al lugar, se negó a participar en la reunión y a tomarse fotos con los militares.“La actividad originalmente no era reunirse con genocidas, nos enteramos minutos antes de llegar, entonces no participe de la charla ni de nada”, declaró Bonacci.La denuncia de Arrieta destapó una trama de reuniones, amenazas y presiones para silenciar el asunto, lo que se ha convertido en un escándalo que ahora domina la agenda del Congreso. Arrieta presentó capturas de pantalla de diferentes grupos de WhatsApp en los que diputados, junto con el padre Javier Ravasi y abogados que militan por la liberación de militares condenados por delitos de lesa humanidad, organizan la visita al penal y preparan un decreto y un proyecto de ley para otorgar prisión domiciliaria a los genocidas.
Ravasi, un sacerdote que fue parte de la conservadora congregación del Verbo Encarnado y luego fundó la Fundación San Elías, es un conocido crítico de las políticas de género y diversidad. También es un influyente en redes sociales de derecha y el hijo del represor Jorge Antonio Olivera, condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos en San Juan durante la última dictadura.Entre los abogados mencionados en la denuncia están: Ricardo Saint Jean, hijo de Ibérico Saint Jean, exgobernador de la dictadura y presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia; María Laura Olea, hija de Enrique Braulio Olea, ex jefe del Batallón de Ingenieros en Neuquén, donde funcionó el centro clandestino de detención “La Escuelita”, condenado a perpetua; y Eduardo Riggi, ex juez acusado de dilatar causas por crímenes de lesa humanidad.En uno de los mensajes presentados por Arrieta, se afirma que la visita a los represores contaba con el visto bueno de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, específicamente a Beltrán Benedit. Sin embargo, esta afirmación fue categóricamente desmentida por Bullrich, quien, según voceros oficiales del Ministerio de Seguridad, se enteró de la visita a través de los medios y nunca mantuvo una conversación con ese diputado.
Otro de los puntos bajo investigación judicial comprende la falta de controles durante la entrada de los legisladores al penal. Según fuentes judiciales, es probable que se soliciten informes al Servicio Penitenciario y al penal en particular sobre la visita de los libertarios. También podría considerarse requisar las celdas de los presos en busca de pruebas relevantes para la causa.Arrieta, quien aclaró que todos en el bloque de Javier Milei estaban al tanto de la visita, solicitó además que se investigue la responsabilidad de las autoridades de la Cámara de Diputados en la organización del viaje. Según Arrieta, le habían informado que era una “visita humanitaria” aprobada por Martín Menem.El uso de una combi de la Cámara Baja sugiere que las autoridades estaban al tanto y dieron su aprobación para el recorrido, notificado a la Dirección de Coordinación Administrativa (DGCA) por el propio Beltrán Benedit, según informó el newsletter parlamentario Hecha la Ley. Por ello, no se descarta que se pueda requerir una aclaración oficial al Congreso sobre este punto.En relación con las amenazas, Arrieta presentó a la Justicia casi 150 páginas de chats de grupos y conversaciones de WhatsApp que, según ella, contienen pruebas de las presiones y agresiones que sufrió tras la visita.
Paralelamente a su denuncia judicial, Arrieta se distanció de su bloque, donde algunos, como Lilia Lemoine, la acusan de ser funcional al kirchnerismo. Además, solicitó la creación de una comisión investigadora en el Congreso para determinar las responsabilidades oficiales de la visita a Astiz y otros represores condenados por secuestrar, violar, torturar y desaparecer a personas durante la última dictadura militar. Su proyecto de resolución busca esclarecer y delimitar el grado de participación de cada funcionario involucrado en la visita, así como la de otros poderes o particulares que pudieran estar vinculados.