El dirigente piquetero enfrenta acusaciones de defraudación al Estado, vinculadas al presunto uso de fondos públicos para campañas del Partido Obrero.
Eduardo Belliboni compareció ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, este martes, en la etapa final de las indagatorias en la causa que investiga al Polo Obrero por presunta defraudación al Estado. Durante su declaración inicial, el líder piquetero negó enfáticamente haber participado en extorsiones a beneficiarios de planes sociales o haber desviado fondos.
Respecto a las acusaciones sobre las facturas falsas, Belliboni señaló que la responsabilidad de verificar la legitimidad de las empresas como Coxtex recae en la AFIP. Asimismo, afirmó que la mayoría de los $81 millones de los convenios del programa Potenciar Trabajo han sido rendidos adecuadamente: “Se rindió casi la totalidad y lo que falta rendir está justificado, porque es para pagar sueldos de obras que se están realizando”.
“Presenté tres carpetas con pruebas, de parte de nuestra defensa, para mostrar que no tuvimos jamás ningún tipo de denuncia de extorsión, y rechazamos con pruebas que haya habido defraudación al Estado”, insistió tras su presentación en Comodoro Py.
“Hablamos sobre las facturas, la AFIP nos dijo en 2002 que Coxtex era una empresa legal, tengo lo que le compramos, en todo caso el problema lo tiene la AFIP, que no controló bien a esa empresa. A los titulares de Coxtex no los conozco, si tenía titulares truchos lo tendría que haber determinado la AFIP, yo no soy la AFIP”.
El líder del Polo Obrero enfrenta acusaciones por presuntamente desviar fondos del programa Potenciar Trabajo hacia empresas implicadas en la emisión de facturas falsas, así como por supuestas prácticas de extorsión, coacción y amenazas a beneficiarios del programa social bajo la gestión de su organización.
La Asociación Civil Polo Obrero, en su rol como unidad de gestión del programa Potenciar Trabajo, recibió aproximadamente $360 millones entre 2020 y 2023 para adquirir herramientas, vestimenta y otros elementos necesarios para los beneficiarios. Sin embargo, de esos fondos, $81 millones nunca fueron debidamente rendidos, lo que significa que no se conoce su destino.
El juez Casanello fue informado por el Ministerio de Capital Humano que el Polo Obrero no cumplió con la obligación de rendir cuentas sobre el uso de los fondos recibidos como unidad de gestión. A pesar de haber sido intimados en cinco ocasiones por la cartera a cargo de Sandra Pettovello, la organización no ha proporcionado la documentación respaldatoria solicitada hasta el momento.
Los convenios pendientes de rendición involucran un total de $81 millones, distribuidos en cinco montos específicos: $48 millones en el caso más significativo, $24 millones en otro, y los restantes tres completan la cifra. El Ministerio de Capital Humano ha exigido reiteradamente que el Polo Obrero presente la documentación que justifique los gastos realizados, solicitud que hasta ahora ha sido ignorada.
Los detalles de la causa
La investigación judicial ha recopilado evidencia sustancial que sugiere que el Polo Obrero podría haber desviado parte de los fondos estatales hacia una red de empresas bajo investigación por emitir facturas falsas, aparentemente para justificar gastos ficticios y ocultar el destino final de los fondos.
Entre las empresas involucradas se destaca Coxtex, que fue declarada como apócrifa por la AFIP en noviembre de 2020, y la imprenta Rumbos, estrechamente vinculada al liderazgo de Eduardo Belliboni. Rumbos, fundada en 2017 por Christian “Colo” Rath y Roberto Adrián Albornoz, recibió desvíos de fondos por un total de $25 millones: $5 millones hacia Coxtex y $20 millones hacia Rumbos.
En el caso de Coxtex, el Polo Obrero afirmó haber adquirido computadoras y software, mientras que con Rumbos llamó la atención de los investigadores el hecho de que en un solo día se emitieron 25 facturas al PO por distintos conceptos pero con el mismo valor. Por ejemplo, un kit de seguridad tenía el mismo costo que una impresión de papel.
La Justicia ha acumulado más pruebas que comprometen a Rumbos, que además de ser proveedora del Polo Obrero, realizó aportes electorales al Partido Obrero por $18 millones, un partido dentro del Frente de Izquierda. La pregunta que surge es si estos aportes fueron financiados con dinero del Estado.
Además, se descubrió que el Polo Obrero justificó gastos utilizando facturas de otras dos empresas, Urban Graphics S.A. y Rico Print, que curiosamente luego de cobrar fondos del Polo Obrero endosaron cheques a favor de Rumbos. Urban Graphics S.A. endosó un cheque por $1,8 millones a Rumbos después de facturar $5,1 millones al PO, y Rico Print endosó otro cheque por $269 mil. Esto lleva a los investigadores a sospechar que el Polo Obrero estableció un sistema para que el dinero del Estado siempre terminara retornando a su imprenta, Rumbos.
La investigación revela que Rumbos, proveedora del Polo Obrero, subcontrató a la empresa Makosen para realizar campañas políticas en favor del Partido Obrero. Esto sugiere que fondos destinados originalmente para adquisición de materiales y elementos de trabajo para beneficiarios del Potenciar Trabajo podrían haber sido utilizados para financiar actividades políticas.
Además, la Justicia descubrió rendiciones de cuentas del Polo Obrero por alquiler de handies a Carlos Osvaldo Monfrini, por un monto superior a $1,2 millones, cuyo propósito aún no ha sido clarificado. Posteriormente, Monfrini endosó un cheque a favor de Rumbos.
Otro hallazgo preocupante fue la compra por parte del Polo Obrero de siete computadoras y un software a Miniso Trade SRL, una empresa fundada en 2017 pero que emitió su primera factura en junio de 2022, directamente al Polo Obrero. Esta factura, marcada como la número 0001, totalizó $3 millones. Los investigadores notaron inconsistencias, dado que el Polo Obrero había adquirido computadoras más baratas de otra empresa en ese mismo año. Además, al allanar las oficinas de Miniso Trade, encontraron un espacio vacío que no había estado en funcionamiento desde 2020. Más alarmante aún, la factura de Miniso Trade era sorprendentemente similar a la que Coxtex había emitido al Partido Obrero en 2021, alegando ventas de computadoras Lenovo y software.
La investigación se amplía con pruebas como chats, audios y conversaciones que sugieren prácticas extorsivas e intimidatorias por parte de dirigentes del Polo Obrero hacia beneficiarios de planes sociales. Estas prácticas incluían retener parte de los beneficios, cobrarles por bolsones de comida y aplicar multas a quienes no asistieran a marchas organizadas por la organización.