Un joven de Villa Dominico invirtió sus ahorros de toda la vida en una supuesta agencia oficial de Lanús con el sueño de tener su herramienta de trabajo. Le cobraron cinco millones de pesos al contado, pero la ilusión se derrumbó al descubrir que el vehículo estaba deteriorado, con óxido en el cuadro y marcas de abandono. Hoy, tras un mes de peregrinaje, excusas insólitas y un sistema que se lava las manos, pelea para recuperar lo que es suyo.

El esfuerzo tiene un peso propio cuando se sostiene a pulmón. Detrás de cada moneda ahorrada por un joven trabajador hay horas de privaciones, proyectos a futuro y la necesidad imperiosa de salir adelante. Esa misma convicción fue la que impulsó a Lautaro, un vecino de Villa Dominico, a jugarse entero por un objetivo claro: comprarse una moto cero kilómetro para poder trabajar. Sin embargo, lo que debía ser el paso inicial hacia su independencia económica se transformó en una pesadilla kafkiana a manos de una red comercial que, lejos de respaldar el producto, parece haberse especializado en fabricar frustraciones.

La odisea comenzó el 29 de septiembre. Con el dinero en la mano —reunido con un sacrificio inmenso—, Lautaro se dirigió a un local con estética de concesionario exclusivo de la marca Yamaha, ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 5609, en el partido de Lanús. Confiado en la supuesta seriedad institucional que avalaba la vidriera, concretó la operación abonando la suma total de cinco millones de pesos al contado. Lo que ignoraba en ese momento era que estaba pisando una fachada comercial perfectamente diseñada: allí adentro no había gerentes, ni dueños visibles, ni personal técnico calificado para dar la cara ante cualquier inconveniente. Todo formaba parte de una estructura donde las responsabilidades se desdibujan de manera sistemática.

Tras completar los trámites de patentamiento y un abono extra tan insólito como indignante —cuatro mil pesos exigidos únicamente en concepto de fotocopia de la póliza de seguro—, le citaron para retirar el vehículo al día siguiente en la casa central, una gran multimarca operada por Automoto Lanús sobre la avenida 25 de Mayo. El operativo de entrega estuvo cruzado por la prisa y la presión. Eran las cinco de la tarde de un sábado cuando le exigieron saldar los ciento treinta mil pesos restantes y firmar de apuro toda la documentación, impidiéndole revisar el rodado con la tranquilidad necesaria. Recién a las seis y cuarto, con los empleados cerrando las persianas y apurándolo para que se fuera, le permitieron ver por primera vez la supuesta joya mecánica que acababa de comprar.

Las sospechas iniciales comenzaron a tomar forma de estafa apenas unas cuadras más adelante, al detenerse en una estación de servicio para cargar combustible. Al revisar los detalles de la moto con detenimiento, la desazón fue absoluta. La tapa del tanque presentaba manchas profundas que no eran otra cosa que óxido incrustado; el tablero y los plásticos mostraban rayones profundas, marcas de grasa e incluso rastros de excremento de paloma que ni siquiera se habían tomado el trabajo de limpiar. Al examinarla con mayor rigor, levantando los carenados, la realidad era lapidaria: el cuadro y el horquillón evidenciaban una preocupante presencia de óxido y corrosión en zonas internas, demostrando que aquello no era un vehículo cero kilómetro en condiciones óptimas, sino un rezago expuesto a la intemperie durante quién sabe cuánto tiempo.

Al día siguiente, con la moto ya resguardada en su domicilio, Lautaro regresó al concesionario exigiendo una respuesta coherente y la reposición de una unidad en condiciones reales de fábrica. La contestación fue un ejercicio sistemático de cinismo corporativo. Los vendedores comenzaron a tirarse la pelota con la casa central y con la propia terminal de la marca, argumentando que ellos solo cumplían funciones administrativas. Le pidieron que llevara la moto al taller mecánico bajo la promesa de hacer valer una supuesta garantía que nunca funcionó como tal. Horas más tarde, de manera sospechosamente veloz y a minutos de cerrar la jornada, le enviaron un mensaje escueto asegurando que el vehículo “ya estaba listo para retirar”, limitándose a pasarle un trapo rápido y aplicar un aerosol multipropósito para disimular la mugre, sin solucionar el problema estructural de la corrosión.

El periplo continuó escalando instancias de impotencia. Intentó canalizar sus reclamos a través de los canales oficiales de atención web, donde tras semanas de silencio burocrático, la respuesta institucional repitió como un eco lo dictado por el propio concesionario: minimizaron el daño asegurando que el óxido era meramente un “efecto visual de la soldadura”. Solo la intervención indirecta de un empleado solidario que logró hacer llegar fotos, videos y chats reales a esferas superiores de la compañía logró que la marca admitiera la gravedad del caso y evaluara la posibilidad de enviar un inspector independiente. No obstante, en el terreno de los hechos, el concesionario continuó operando con artimañas, intentando que el damnificado firmara una constancia de retiro para blanquear una conformidad trucha y así lavarse las manos definitivamente.

Hoy, a casi dos meses de haber entregado hasta el último peso de sus ahorros, Lautaro sigue sin moto y sin dinero, transitando el agobio de una injusticia que golpea de lleno en la dignidad de los que apuestan por el trabajo honesto. Respaldado por el asesoramiento de allegados y evaluando los pasos legales correspondientes a través de la Defensoría, su testimonio deja al desnudo un modus operandi que se repite en la región. En tiempos donde salir adelante cuesta el doble, la desprotección del consumidor frente a agencias que venden gato por liebre y desaparecen a la hora de responder se ha transformado en una problemática urgente que exuda impunidad y exige una respuesta inmediata de las autoridades.

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