El vecino y dirigente local Juan Gómez presentó un pedido de acceso a la información pública exigiendo que el municipio detalle la calibración, certificación y homologación de las cámaras de fotomultas. Aseguran que ningún dispositivo cuenta con la habilitación del INTI y que el cobro es totalmente indebido.
En medio del creciente escándalo por el cobro de fotomultas en el partido de Lanús, el DR. Juan Gómez formalizó un pedido de acceso a la información pública dirigido al Intendente Municipal. El objetivo central de la presentación es forzar al Ejecutivo local a transparentar los certificados de calibración, homologación y control técnico de los radares y fotomultas que operan en el distrito, documentación que —según afirman— es inexistente.
La medida interpuesta por abogado Gomez busca dejar al descubierto la falta de adecuación a la normativa vigente por parte del Municipio y la ausencia de certificaciones del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y del Ministerio de Transporte, requisitos indispensables para que cualquier multa por exceso de velocidad o infracción de tránsito tenga validez legal.
“Estamos ante un posible cobro indebido y arbitrario hacia los vecinos de Lanús. No hay informacion disponible que afirme que estos dispositivos cuenten con la calibración y con la homologación del INTI ni de ningún otro organismo competente. Si el municipio no responde este pedido en los plazos legales, vamos a judicializar de inmediato la situación para frenar este atropello y exigir la nulidad de las infracciones cobradas de forma irregular”, advirtió Juan Gómez.
Las denuncias de La Libertad Avanza:
La presentación impulsada va en absoluta sintonía con los reclamos y denuncias públicas que viene realizando el bloque de concejales de La Libertad Avanza (LLA) en redes sociales y medios locales. Desde dicho espacio político han catalogado de “ilegal” el sistema de recaudación por fotomultas implementado en Lanús, el cual involucra cifras millonarias que ascenderían a miles de millones de pesos sacados del bolsillo de los contribuyentes mediante dispositivos no habilitados.
Con este pedido de informe formal, se inicia la etapa previa a una eventual demanda colectiva (amparo y/o acción de nulidad) ante la Justicia de PBA, lo que podría obligar al municipio no solo a suspender el sistema de fotomultas, sino también a hacer frente a las devoluciones del dinero cobrado fuera de la ley.
“Es una vergüenza que un Municipio como Lanus, sistemáticamente haya orquestado una red de cobros mediante fotomultas sin certificaciones, ni habilitaciones vigentes, contrarias a normas nacionales y provinciales” señaló el denunciante